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Exigen a PGR investigar espionaje a promotores del impuesto a refrescos

Exigen a PGR investigar espionaje a promotores del impuesto a refrescos

El diario The New York Times y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicaron el sábado pasado evidencias del espionaje del que son objeto integrantes de la alianza por la Salud Alimentaria (ASA) e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), promotores del impuesto a las bebidas azucaradas.

Ante ello, organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Poder del Consumidor anunciaron el lunes que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso de programas en poder del gobierno mexicano para espiar a los activistas e investigadores.

En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones mencionadas, así como de SocialTIC y la coalición Contra Peso, refirieron que además acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a instancias internacionales.

Según las investigaciones del Citizen Lab, el malware empleado para intentar hackear los teléfonos móviles de los investigadores —que comprometía el equipo y la información de éstos— proviene de la compañía israelí NSO, la cual sólo vende el software a gobiernos, para enfrentar situaciones criminales y terrorismo.

“¿Qué autoridades en México están detrás del hackeo? Sabemos que la Sedena, PGR, y probablemente Cisen tienen este software. Esto es algo que debe determinarse en la investigación, cuyas acciones legales son la interposición de una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable”, señaló Luis Fernando García, director de R3D.

Por su parte, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTic, explicó que el software de NSO es sólo uno de tres similares que se conocen, que son de alta tecnología, casi indetectables y cuyas licencias cuestan decenas de miles de dólares, para infiltrar a una sola persona.

“Estamos viendo la punta del iceberg a nivel de sofisticación e inversión para hacer un espionaje dirigido, en este caso, a tres personas”: Simón Barquera, investigador del INSP; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Manuel Encarnación, coordinador de la coalición ContraPeso, quienes en 2014 apoyaron el gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, manifestó que este tipo de espionaje es una “sofisticación de la agresión”, la cual hace que pocas personas se den cuenta de que son vigiladas, por lo que se requiere la difusión de cómo operan estos ataques. Por lo tanto, dijo que este tipo de espionaje podría ser una de las formas más constantes para vigilar a defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que hizo un llamado a éstos y a la población en general a acercarse a estas organizaciones para denunciarlo en caso de ser objeto de actividades sospechosas.

Los afectados y las organizaciones mencionaron que si bien falta deslindar responsabilidades en el acto de espionaje por parte de alguna dependencia de gobierno, el involucramiento de la industria refresquera es latente.

“Con el poder que tienen, pensar que estas empresas no tienen vínculos con el Estado sería ingenuo”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

“Los hay y han influido en regulaciones como la del etiquetado frontal y la publicidad para niños de comida chatarra (…) Estamos aquí por nuestra seguridad, pero lo que nos mueve es la obesidad, epidemia declarada emergencia, que se llevará a 100 mil personas este año y 75 mil amputaciones de personas diabéticas (…). Las bebidas azucaradas no son la única causa, pero sí una muy importante, y los intereses de la industria trabajan en la forma más perversa”, señaló.

Añadió que han recibido ataques de columnistas y difamaciones a lo largo de la década de vida de su organización. “No es sencillo, la presión es muy fuerte (…). Es una guerra que nos están haciendo también por redes sociales, porque son intereses económicos muy grandes y poderosos, con vínculos e influyen en la toma de decisiones”.

Con información de Animal Político, Sin embargo y La Crónica de Hoy

  Clic para reproducir, clic en texto para pausar El diario The New York Times y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicaron el sábado pasado evidencias del espionaje del que son objeto integrantes de la alianza por la Salud Alimentaria (ASA) e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), promotores del impuesto a las bebidas azucaradas. Ante ello, organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Poder del Consumidor anunciaron el lunes que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso de programas en poder del gobierno mexicano para espiar a los activistas e investigadores. En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones mencionadas, así como de SocialTIC y la coalición Contra Peso, refirieron que además acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a instancias internacionales. Según las investigaciones del Citizen Lab, el malware empleado para intentar hackear los teléfonos móviles de los investigadores —que comprometía el equipo y la información de éstos— proviene de la compañía israelí NSO, la cual sólo vende el software a gobiernos, para enfrentar situaciones criminales y terrorismo. “¿Qué autoridades en México están detrás del hackeo? Sabemos que la Sedena, PGR, y probablemente Cisen tienen este software. Esto es algo que debe determinarse en la investigación, cuyas acciones legales son la interposición de una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable”, señaló Luis Fernando García, director de R3D. Por su parte, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTic, explicó que el software de NSO es sólo uno de tres similares que se conocen, que son de alta tecnología, casi indetectables y cuyas licencias cuestan decenas de miles de dólares, para infiltrar a una sola persona. “Estamos viendo la punta del iceberg a nivel de sofisticación e inversión para hacer un espionaje dirigido, en este caso, a tres personas”: Simón Barquera, investigador del INSP; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Manuel Encarnación, coordinador de la coalición ContraPeso, quienes en 2014 apoyaron el gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México. Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, manifestó que este tipo de espionaje es una “sofisticación de la agresión”, la cual hace que pocas personas se den cuenta de que son vigiladas, por lo que se requiere la difusión de cómo operan estos ataques. Por lo tanto, dijo que este tipo de espionaje podría ser una de las formas más constantes para vigilar a defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que hizo un llamado a éstos y a la población en general a acercarse a estas organizaciones para denunciarlo en caso de ser objeto de actividades sospechosas. Los afectados y las organizaciones mencionaron que si bien falta deslindar responsabilidades en el acto de espionaje por parte de alguna dependencia de gobierno, el involucramiento de la industria refresquera es latente. “Con el poder que tienen, pensar que estas empresas no tienen vínculos con el Estado sería ingenuo”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. “Los hay y han influido en regulaciones como la del etiquetado frontal y la publicidad para niños de comida chatarra (…) Estamos aquí por nuestra seguridad, pero lo que nos mueve es la obesidad, epidemia declarada emergencia, que se llevará a 100 mil personas este año y 75 mil amputaciones de personas diabéticas (…). Las bebidas azucaradas no son la única causa, pero sí una muy importante, y los intereses de la industria trabajan en la forma más perversa”, señaló. Añadió que han recibido ataques de columnistas y difamaciones a lo largo de la década de vida de su organización. “No es sencillo, la presión es muy fuerte (…). Es una guerra que nos están haciendo también por redes sociales, porque son intereses económicos muy grandes y poderosos, con vínculos e influyen en la toma de decisiones”. Con información de Animal Político, Sin embargo y La Crónica de Hoy Reproduce la nota

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