Welcome to Revista Zocalo   Clic para reproducir, clic en texto para pausar Welcome to Revista Zocalo Reproduce la nota
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

En manos de la SCJN discusión para regular publicidad oficial

En manos de la SCJN discusión para regular publicidad oficial

MINISTROSALDIVAR

Foto: Ministro Arturo Saldívar. Canal del Congreso.

 

Perla Blas

Por medio de un litigio estratégico, la organización Artículo 19 y Fundar llevarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la discusión para que el Congreso emita una Ley General que permita regular la publicidad oficial. Este miércoles 15 de noviembre se discutirá el proyecto del Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, quien le otorgó la razón a las organizaciones, contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que regularía el gasto en materia de Comunicación social antes del 30 de abril de 2018.

El que los medios de comunicación dejen de recibir dinero de forma discrecional orillaría a muchos de éstos a modificar su modelo de negocio, sobre todo  aquellos a quienes más se ha beneficiado con el otorgamiento de contratos millonarios por concepto de publicidad.

“Es una resolución que podría cambiar las estructuras de poder”, enfatizó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, explicó que el proceso de amparo tiene como contexto que en 2007 después de una adición al artículo 134 constitucional añadieron un octavo párrafo en el que se prohibía utilizar la publicidad gubernamental como un mecanismo de propaganda. Y en esa medida, es que esa omisión legislativa dio pauta a un sinnúmero de iniciativas (diez, de 2007 a 2017) que nunca fueron discutidas ni en Cámara de Diputados ni de Senadores. A esto se le suma la promesa de campaña, número 95, de Enrique Peña Nieto y la cual signó en el llamado Pacto por México, en la cual se comprometió a crear una instancia reguladora (ZÓCALO 188).

Según el proyecto de sentencia del Ministro Saldívar: “(…) se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación.

En consecuencia, sostiene que tiene razón la quejosa en este punto: nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos cámaras del Congreso de la Unión.

El Ministro Zaldívar apunta, en su proyecto, que esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa”.

Ana Cristina Ruelas, explicó que en la sentencia a favor de Artículo 19, se consideraron tres aspectos: que la organización sí tiene el interés legítimo para impugnar la omisión legislativa en defensa a la libertad de expresión; que el amparo interpuesto sí procede contra omisiones legislativas absolutas; y finalmente que dicha omisión  sigue perpetuando violaciones a la libertad de expresión y genera un efecto inhibidor de control indirecto sobre los medios de comunicación impactando en el Derecho a la Información de la sociedad.

“No basta tener una ley para que se resuelva el problema”, enfatizó el abogado José Mario de la Garza, de la Barra de Abogados de México, durante el panel que se organizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en UNAM para analizar el proyecto de sentencia.

Las consecuencias, si el proyecto es votado a favor por los cinco Ministro de la Primera Sala de la SCJN, en primera instancia sería ordenar al Congreso a emitir una Ley General, y después se daría la discusión legislativa sobre la ley que se debería tener, “el marco que establece la Constitución es una ley que garantice el gasto de comunicación social que cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez así como respetar los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos”, puntualizó José Mario de la Garza .

En cuanto a cuáles serían los efectos de violar ésta ley, se tendría que analizar si a los funcionarios públicos y medios de comunicación se les va a multar o si habrá algún proceso penal al no respetar los parámetros de contratación de publicidad.

“Quiero llamar la atención de lo que pasa en los municipios y estados, en donde quizá el efecto no es tan grande en términos de presupuesto porque tienen menos dinero, pero creo que es peor lo que está pasando con los gobernadores y presidentes municipales que inventan medios. Entonces tendríamos que pensar cómo va a impactar.

Me preocupa también que estos funcionarios (gobernadores y presidentes municipales) que dictan la forma en la que se ejerce el presupuesto para publicidad oficial, muchos tienen protección de fuero”.

El integrante de la Barra de Abogados de México aclaró que aunque la discusión es este miércoles se podría discutir en varias ocasiones y es importante estar atentos, porque si la Corte va a ponerse el límite hasta el 30 de abril de 2018 será un momento complejo para el Congreso legislar en esa materia debido al proceso electoral.

“Si se gana la sentencia, no se va a regular, simplemente va a ordenar subsanar la omisión legislativa y ahí empieza una discusión sobre qué tipo de regulación queremos”.

sala

¿Cuál sería su impacto sobre la industria?

Ante el cuestionamiento de, si algunos medios de comunicación podrían desaparecer ante la regulación de la publicidad oficial, el panorama no es positivo, pues como ya se ha documentado en distintos trabajos académicos y periodísticos, existen medios de comunicación que sobreviven gracias a los contratos en publicidad que firman con instancias de gobierno. Sin embargo, este sería un punto de quiebre que obligaría al sistema de medios a replantear su modelo de negocio, el cual incide en la libertad de expresión y las condiciones laborales de sus periodistas.

“La plata o el plomo”. Ana Cristina Ruelas, describió que a partir la experiencia de Artículo 19 se ha podido documentar que desde la expresión en el argot periodístico “la plata o el plomo”, en un país como México que es tan violento con la prensa, eliminar “la plata” es empezar a identificar quién está detrás del “plomo”.

Considera que se pueden revisar modelos de financiamiento desde la experiencia internacional y así repensar el modelo de negocios de los medios.

Desde hace 10 años los legisladores han dejado pasar varias oportunidades para regular la publicidad oficial, no sólo con las más de 15 iniciativas presentadas, también en 2007 con la reforma constitucional y en 2014 con la reforma político electoral, apuntó Paulina Castaño de Fundar, durante su participación en el panel de la UNAM.  “Al no estar regulada la publicidad oficial se corre el riesgo de que persista el silencio y se restringa la libertad de expresión. Sin medios de comunicación independientes difícilmente lograremos una democracia real”.

El sobreejercicio ha sido el sello distintivo. ZÓCALO, diversos medios, organizaciones civiles y académicos han seguido de cerca el gasto excesivo y el sobreejercicio en materia de comunicación social.  Tan sólo en el periodo de 2013 a 2016 se gastó en publicidad 71.86 por ciento más del monto aprobado por la Cámara de Diputados para ese rubro; esto es, 15 mil 162 millones de pesos más. De los cuales, se desconoce en qué fueron invertidos, de dónde se obtuvieron los recursos extra y los motivos para modificar el presupuesto inicial.

De seguir con la tendencia del gasto en publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración, detalló Paulina Castaño.

 

Proyecto del Ministro Arturo Saldívar

La Primera Sala de la SCJN analizará el amparo en revisión que promovió la asociación civil Campaña Global por la Libertad de Expresión Artículo 19, contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social.

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su proyecto de resolución, propone levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y otorgar el amparo para efectos a la asociación civil por considerar que quedó acreditado que el Congreso de la Unión omitió emitir la ley que ordena el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 para que se regule el gasto en materia de comunicación social de conformidad con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

Del estudio realizado en el proyecto, señala Zaldívar, “se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación”.

En consecuencia, sostiene que tiene razón la quejosa en este punto: nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos cámaras del Congreso de la Unión”.

El Ministro Zaldívar apunta, en su proyecto, que esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa.

“Así, esta Primera Sala entiende que la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno —omisión atribuible al Congreso de la Unión— constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión prohibido por los artículos 7 de la Constitución y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Destaca que para esta Suprema Corte, la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos —o simplemente se amenace con restringirlo— a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno.

“El Alto Tribunal considera importante aclarar que el criterio contenido en esta sentencia se refiere exclusivamente a la inconstitucionalidad del estado de cosas que genera la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley que regule la publicidad oficial en términos del artículo 134 constitucional”.

Así, expone, que la presente sentencia en ningún caso supone algún pronunciamiento sobre las contrataciones que el Estado haga de espacios de publicidad con medios de comunicación específicos en ausencia de la legislación respectiva.

Por lo tanto, plantea conceder el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.

En el caso, la asociación civil Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, promovió el juicio de amparo contra la inconstitucionalidad de la “omisión de expedir la ley reglamentaria” del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la constitución del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2104.

En la demanda de amparo la quejosa sostuvo que la omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.

El 18 de julio de 2014, el juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución, dado que el juicio de amparo no es procedente contra controversias en materia electoral.

  Clic para reproducir, clic en texto para pausar   Perla Blas Por medio de un litigio estratégico, la organización Artículo 19 y Fundar llevarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la discusión para que el Congreso emita una Ley General que permita regular la publicidad oficial. Este miércoles 15 de noviembre se discutirá el proyecto del Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, quien le otorgó la razón a las organizaciones, contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que regularía el gasto en materia de Comunicación social antes del 30 de abril de 2018. El que los medios de comunicación dejen de recibir dinero de forma discrecional orillaría a muchos de éstos a modificar su modelo de negocio, sobre todo  aquellos a quienes más se ha beneficiado con el otorgamiento de contratos millonarios por concepto de publicidad. “Es una resolución que podría cambiar las estructuras de poder”, enfatizó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, explicó que el proceso de amparo tiene como contexto que en 2007 después de una adición al artículo 134 constitucional añadieron un octavo párrafo en el que se prohibía utilizar la publicidad gubernamental como un mecanismo de propaganda. Y en esa medida, es que esa omisión legislativa dio pauta a un sinnúmero de iniciativas (diez, de 2007 a 2017) que nunca fueron discutidas ni en Cámara de Diputados ni de Senadores. A esto se le suma la promesa de campaña, número 95, de Enrique Peña Nieto y la cual signó en el llamado Pacto por México, en la cual se comprometió a crear una instancia reguladora (ZÓCALO 188). Según el proyecto de sentencia del Ministro Saldívar: “(…) se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación. En consecuencia, sostiene que tiene razón la quejosa en este punto: nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos cámaras del Congreso de la Unión. El Ministro Zaldívar apunta, en su proyecto, que esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa”. Ana Cristina Ruelas, explicó que en la sentencia a favor de Artículo 19, se consideraron tres aspectos: que la organización sí tiene el interés legítimo para impugnar la omisión legislativa en defensa a la libertad de expresión; que el amparo interpuesto sí procede contra omisiones legislativas absolutas; y finalmente que dicha omisión  sigue perpetuando violaciones a la libertad de expresión y genera un efecto inhibidor de control indirecto sobre los medios de comunicación impactando en el Derecho a la Información de la sociedad. “No basta tener una ley para que se resuelva el problema”, enfatizó el abogado José Mario de la Garza, de la Barra de Abogados de México, durante el panel que se organizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en UNAM para analizar el proyecto de sentencia. Las consecuencias, si el proyecto es votado a favor por los cinco Ministro de la Primera Sala de la SCJN, en primera instancia sería ordenar al Congreso a emitir una Ley General, y después se daría la discusión legislativa sobre la ley que se debería tener, “el marco que establece la Constitución es una ley que garantice el gasto de comunicación social que cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez así como respetar los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos”, puntualizó José Mario de la Garza . En cuanto a cuáles serían los efectos de violar ésta ley, se tendría que analizar si a los funcionarios públicos y medios de comunicación se les va a multar o si habrá algún proceso penal al no respetar los parámetros de contratación de publicidad. “Quiero llamar la atención de lo que pasa en los municipios y estados, en donde quizá el efecto no es tan grande en términos de presupuesto porque tienen menos dinero, pero creo que es peor lo que está pasando con los gobernadores y presidentes municipales que inventan medios. Entonces tendríamos que pensar cómo va a impactar. Me preocupa también que estos funcionarios (gobernadores y presidentes municipales) que dictan la forma en la que se ejerce el presupuesto para publicidad oficial, muchos tienen protección de fuero”. El integrante de la Barra de Abogados de México aclaró que aunque la discusión es este miércoles se podría discutir en varias ocasiones y es importante estar atentos, porque si la Corte va a ponerse el límite hasta el 30 de abril de 2018 será un momento complejo para el Congreso legislar en esa materia debido al proceso electoral. “Si se gana la sentencia, no se va a regular, simplemente va a ordenar subsanar la omisión legislativa y ahí empieza una discusión sobre qué tipo de regulación queremos”. ¿Cuál sería su impacto sobre la industria? Ante el cuestionamiento de, si algunos medios de comunicación podrían desaparecer ante la regulación de la publicidad oficial, el panorama no es positivo, pues como ya se ha documentado en distintos trabajos académicos y periodísticos, existen medios de comunicación que sobreviven gracias a los contratos en publicidad que firman con instancias de gobierno. Sin embargo, este sería un punto de quiebre que obligaría al sistema de medios a replantear su modelo de negocio, el cual incide en la libertad de expresión y las condiciones laborales de sus periodistas. “La plata o el plomo”. Ana Cristina Ruelas, describió que a partir la experiencia de Artículo 19 se ha podido documentar que desde la expresión en el argot periodístico “la plata o el plomo”, en un país como México que es tan violento con la prensa, eliminar “la plata” es empezar a identificar quién está detrás del “plomo”. Considera que se pueden revisar modelos de financiamiento desde la experiencia internacional y así repensar el modelo de negocios de los medios. Desde hace 10 años los legisladores han dejado pasar varias oportunidades para regular la publicidad oficial, no sólo con las más de 15 iniciativas presentadas, también en 2007 con la reforma constitucional y en 2014 con la reforma político electoral, apuntó Paulina Castaño de Fundar, durante su participación en el panel de la UNAM.  “Al no estar regulada la publicidad oficial se corre el riesgo de que persista el silencio y se restringa la libertad de expresión. Sin medios de comunicación independientes difícilmente lograremos una democracia real”. El sobreejercicio ha sido el sello distintivo. ZÓCALO, diversos medios, organizaciones civiles y académicos han seguido de cerca el gasto excesivo y el sobreejercicio en materia de comunicación social.  Tan sólo en el periodo de 2013 a 2016 se gastó en publicidad 71.86 por ciento más del monto aprobado por la Cámara de Diputados para ese rubro; esto es, 15 mil 162 millones de pesos más. De los cuales, se desconoce en qué fueron invertidos, de dónde se obtuvieron los recursos extra y los motivos para modificar el presupuesto inicial. De seguir con la tendencia del gasto en publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración, detalló Paulina Castaño.   Proyecto del Ministro Arturo Saldívar La Primera Sala de la SCJN analizará el amparo en revisión que promovió la asociación civil Campaña Global por la Libertad de Expresión Artículo 19, contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su proyecto de resolución, propone levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y otorgar el amparo para efectos a la asociación civil por considerar que quedó acreditado que el Congreso de la Unión omitió emitir la ley que ordena el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 para que se regule el gasto en materia de comunicación social de conformidad con lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Del estudio realizado en el proyecto, señala Zaldívar, “se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación”. En consecuencia, sostiene que tiene razón la quejosa en este punto: nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos cámaras del Congreso de la Unión”. El Ministro Zaldívar apunta, en su proyecto, que esta omisión da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de la quejosa. “Así, esta Primera Sala entiende que la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno —omisión atribuible al Congreso de la Unión— constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión prohibido por los artículos 7 de la Constitución y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Destaca que para esta Suprema Corte, la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos —o simplemente se amenace con restringirlo— a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno. “El Alto Tribunal considera importante aclarar que el criterio contenido en esta sentencia se refiere exclusivamente a la inconstitucionalidad del estado de cosas que genera la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley que regule la publicidad oficial en términos del artículo 134 constitucional”. Así, expone, que la presente sentencia en ningún caso supone algún pronunciamiento sobre las contrataciones que el Estado haga de espacios de publicidad con medios de comunicación específicos en ausencia de la legislación respectiva. Por lo tanto, plantea conceder el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018. En el caso, la asociación civil Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, promovió el juicio de amparo contra la inconstitucionalidad de la “omisión de expedir la ley reglamentaria” del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la constitución del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2104. En la demanda de amparo la quejosa sostuvo que la omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos. El 18 de julio de 2014, el juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución, dado que el juicio de amparo no es procedente contra controversias en materia electoral. Reproduce la nota  

Click to listen highlighted text!