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El sabotaje a los derechos de las audiencias: consecuencias para el servicio público, el IFT y el modelo de comunicación

El sabotaje a los derechos de las audiencias: consecuencias para el servicio público, el IFT y el modelo de comunicación

(El presente texto fue publicado en la edición de revista Zócalo 210 del mes de agosto 2017. Compartimos con nuestros lectores la cuarta de cinco partes)

                                                                         

Javier Esteinou Madrid*

La aprobación de la contrarreforma comunicativa hacia los Derechos de las Audiencias generada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Iglesia, los medios comerciales de difusión, la Cámara de la Industria de la Radiodifusión (CIRT) y otros sectores empresariales llevó a la sociedad mexicana a enfrentarse a un modelo de comunicación y cultura colectiva regresivo, contra democrático y anti civilizatorio que, provocará, entre otras, las siguientes importantes consecuencias en el ámbito de la comunicación de servicio público, la competencia del órgano regulador (IFT), el modelo de comunicación colectivo y la pluralidad:

En relación a la comunicación de servicio público:

1.- Con la modificación del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se anuló la concepción del servicio público reconocido en el año 2013 en la fracción III del artículo sexto de la Constitución Política Mexicana y en la Reforma de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en el país. Por ello, ya no será obligatorio que el servicio público en radio y televisión se preste en condiciones de competencia, calidad, brindando los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad, la veracidad de la información, la objetividad de los datos y el fomento de los valores de la identidad nacional. Así, los concesionarios sólo deberán garantizar la calidad técnica del servicio informativo y ya no tendrán que cumplir con el mandato de contribuir a la satisfacción de los fines educativos y culturales establecidos en el artículo tercero de la Constitución.

2.- El servicio público de la comunicación se desnaturalizó en su esencia social y se adaptó a una bárbara concepción ideológico-mercantil que lo redujo a una simple acción uniforme y regular informativa que deben ofrecer los concesionarios de la comunicación según el régimen legal que tienen autorizados, sin obstáculos o intervenciones del Estado para evitar el entorpecimiento del libre ejercicio de la competencia empresarial en este campo. Ello significa el respeto irrestricto por parte del gobierno a horarios, contenidos, porcentajes, políticas, calidad de las señales, decisiones, etcétera, que adopten unilateralmente los concesionarios de la radiodifusión [1].

3.- Las nociones de “servicio público”, “libertad de información”, “derecho a la comunicación”, “derecho a la cultura”, “derecho de réplica”, entre otros, quedaron forzadamente adaptadas a las diversas necesidades de éxito de la programación comercial de los concesionarios de la radio y la televisión privada, que en el fondo no fue otra cuestión que el reacomodo de la normatividad comunicativa a las necesidades de acumulación de capital, vía la acción simbólica que producen las industrias culturales electrónicas.

4.- Mediante la anulación del concepto de servicio público la información y la cultura que se transmiten a través de los medios electrónicos de difusión masiva quedó convertida en una simple “mercancía” que no obedece a los criterios de ética, competencia, objetividad, respeto, pluralidad, independencia, etcétera; sino a la burda lógica del negocio desregulado. Con ello, las audiencias perdieron sus garantías comunicativas ciudadanas y quedaron compactadas nuevamente como meros consumidores tradicionales, sin derechos a ser informados y beneficiados con la riqueza que aporta la cultura[2].

5.- La noción de comunicación de servicio público quedó compactada en el llamado interés comercial, que no es otra realidad que la imposición de la voluntad de los emisores para definir lo que los auditorios deben ver; esto es, lo que los concesionarios decidan programar en radio y televisión para obtener jugosas ganancias monetarias, sin ningún contrapeso planificador del Estado-nación.

6.- Al desnaturalizar la noción del servicio público se desarmó una institución jurídica primigenia del Estado mexicano y se regresó a la definición de la antigua Ley Federal de Radio y Televisión que protegió a los concesionarios, a través de la aplicación de la categoría del interés público, la cual ampara la realización de los negocios de los propietarios de los medios con el gobierno y los partidos, y la ejecución de grandes abusos mediáticos de los concesionarios de la radiodifusión nacional sobre los ciudadanos[3].

7.- Con la cancelación de la noción del servicio público se introdujo una visión anarco-liberal que permitió que los consorcios privados de la radiodifusión utilizaran el espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación, como extensión de la propiedad privada de los concesionarios para alcanzar la realización de sus fines económicos, políticos e ideológicos en el país, y no para respaldar los fundamentos del “bien común”. De esta forma, podrán explotar este bien del dominio público para realizar juicios mediáticos, promover infocomerciales, transmitir “programación basura”, presionar políticamente a figuras públicas, manipular coyunturalmente la información, intensificar su cuota de publicidad, dañar la formación psico-emocional de los niños y adolescentes, desacreditar a sus opositores, etcétera, en nombre del ejercicio de la “libertad de información”.

8.- Desde la reorganización amañada de la medula del proceso de comunicación de servicio público y de los respectivos derechos de las audiencias, ni siquiera el interés superior de la infancia debería ser protegido, pues lo único que tendría que garantizar el Estado es la libre competencia empresarial. A través de este mecanismo jurídico manipulador se impusieron los intereses mercantiles de los propietarios de los medios electrónicos en el corazón del proceso de la comunicación colectiva y se marginaron o anularon los derechos más elementales de las audiencias, reconocidos por la Constitución Política Mexicana[4].

9.- En el fondo, lo que se buscó derogar no fue el derecho de las audiencias que demandaba implementar la diferencia clara entre la información noticiosa y la opinión de quien la presenta. Tampoco era evitar la obligación de los concesionarios para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa con objeto que no se continuara engañando a las audiencias. El verdadero trasfondo fue el vaciamiento jurídico de la gran fuerza que poseía el concepto de servicio público de la radiodifusión para, por una parte, fortalecer desmedidamente la racionalidad del bussines de los monopolios informativos comerciales, a costa del “bien común” y, por otra parte, evitar que los concesionarios tuvieran que proporcionar obligatoriamente los beneficios de la cultura, la preservación de la pluralidad y la veracidad de la información[5].

En la competencia del Órgano Regulador (IFT):

10.- Se atentó contra la Reforma Constitucional del 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del 2014 que crearon al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano autónomo con la facultad de regular, promover y supervisar la prestación de los servicios de radiodifusión y vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, emitiendo los lineamientos correspondientes.

11.- Con la mutilación del artículo 256 de la LFTR se minó la independencia y las capacidades regulatorias del IFT para normar, promover, supervisar y sancionar la prestación de los servicios de radiodifusión, la competencia, la calidad y evitar la concentración[6]. De esta manera se afectaron, entre otras, las siguientes facultades autónomas vertebrales que le correspondían al IFT: Se anuló su autoridad para vigilar y sancionar el incumplimiento de los Lineamientos Generales de Defensa de las Audiencias cuando se violen tales garantías por parte de los concesionarios[7]. Así, estas empresas no podrán ser sancionadas por quebrantar dichas garantías y lineamientos que los norman, como lo determina el mandato constitucional[8]. Se suprimió la facultad del IFT para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas en materia de defensa de las audiencias previstas en la ley[9]. El órgano ya no podrá constituir un comité para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones cuyo contenido viole el derecho de las audiencias[10]. La suspensión precautoria de transmisiones sólo aplicará cuando se vulneren los derechos infantiles en casos extremos (Art. 15, fracción 61)[11]. Perdió competencia el órgano regulador para multar a los concesionarios que rebasen los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en la Ley (Artículo 311). Se bloqueó el ordenamiento que facultaba al Instituto para emitir lineamientos de clasificación del material grabado que debía ser transmitido por televisión restringida (228)[12].

12.- La contrarreforma sustituyó la atribución de tutela que le correspondía ejecutar al IFT por la autorregulación de los radiodifusores y la facultad de sancionar se la otorgó a la Secretaría de Gobernación y ya no al órgano autónomo[13].

13.- Al conculcarle atribuciones fundamentales al IFT, en la práctica, se dejó en manos del Ejecutivo federal la potestad de reglamentar de manera discrecional en la materia siguiendo los criterios coyunturales del gobierno en turno y de los grandes concesionarios de radiodifusión; cuando el avance legal fue que dicha reglamentación correspondía a una facultad central de un órgano autónomo colegiado, tal como lo establecen estándares internacionales en la materia[14].

14.- Mediante las estrategias de vulneramiento del IFT como instancia autónoma reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones, los agentes económicos preponderantes de dicho sector quedaron beneficiados para no cumplir con los compromisos en materia de competencia y calidad[15].

15.- Con todo ello el IFT quedó capturado por los poderes fácticos mediáticos que buscan subordinar o anular su autonomía para evitar que se afecten sus intereses monopólicos[16].

En la esfera del modelo de comunicación colectiva:

16.- Se regresó a la implementación del modelo autoritario de comunicación, sin contrapesos, al cancelar la atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones para sancionar a las televisoras y radiodifusoras, así como ordenar la suspensión precautoria de transmisiones, cuando las empresas violenten la ley[17].

17.- La contrarreforma conservó el viejo modelo de comunicación contaminado que permitió la continuidad silenciosa de un millonario negocio monopólico que protegió dos negros modelos empresariales: por una parte, el mercado negro de publicidad encubierta y engañosa de los contenidos; y por otra parte, el mercado negro de la propaganda política subrepticia presentada como información objetiva y neutral que no distingue entre hechos o noticias de las opiniones igualmente engañosas para mantener la relación clientelar entre políticos y medios[18]. Ambas modalidades gerenciales son la fuente de generación de fuertes ganancias extra para los concesionarios de la radiodifusión en México[19].

18.- Se preservó el prototipo mercantil autorregulado de los medios de difusión electrónicos, especialmente comerciales, basado en la transmisión de publicidad engañosa y de propaganda encubierta presentada a la sociedad como información periodística objetiva y especializada, vulnerando los derechos primarios de las audiencias[20].

19.- Se desreguló la actuación puntual de los concesionarios en el ámbito de las garantías de las audiencias y se introdujo un mecanismo de “autorregulación” que facilitó que los empresarios sólo informen al público en general sobre la manera como los emisores consideran los derechos de las audiencias, sin comprometerse a cumplirlos. Es decir, no obligó a los propietarios de los medios electrónicos a respetar las garantías comunicativas ciudadanas, sino sólo realiza un llamado a contemplarlas[21].

20.- Al anularse los derechos de las audiencias se continuó funcionando con los tradicionales monopolios audiovisuales y radiofónicos de opinión pública en el país y no se avanzó hacia la construcción de un proyecto plural y multicultural de comunicación colectiva que formuló la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión del 2013[22].

21.- La implementación de dicho modelo viciado de difusión electrónica colectiva pervirtió el ejercicio del periodismo profesional, de la comunicación de servicio público y de la información ética, pues permitió que las empresas concesionarias presentaran noticias o informaciones sin estar sustentadas en la veracidad[23].

22.- En síntesis, con la renovación del antiguo modelo de comunicación masivo en plena etapa de la modernidad o posmodernidad cultural del país se retornó al viejo prototipo infectado donde se priorizó la política de la opacidad, el engaño, la prepotencia, la manipulación, la ausencia de profesionalismo, la desigualdad, la anticompetividad, el marginamiento ciudadano y la discrecionalidad jurídica y no se fomentó la transparencia, la ética, la calidad, la honradez y la civilidad informativa que son las bases civilizatorias que requiere la sociedad mexicana para avanzar hacia otra fase de desarrollo más equilibrado.

En la dinámica del consumo informativo:

23.- A través de la instauración de la contrarreforma los mensajes publicitarios tendrán autorización expresa para engañar a los receptores, pues los concesionarios no tendrán la obligación de distinguir entre publicidad encubierta o product placement de los productos y la realidad objetiva de los mismos.

24.- El consumo de la propaganda también podrá estar sustentada en un “fraude simbólico”, pues se podrán exponer informaciones sobre sucesos cotidianos como información noticiosa, cuando en el fondo podrán ser acuerdos informativos previamente pagados por diversos sectores interesados que encubren la realidad con anuncios velados.

25.- Permanecerá aplicándose la estrategia mercadológica que permite que durante la transmisión de los anuncios comerciales aumente la intensidad del audio en una proporción superior al volumen que acompaña al resto de la programación informativa habitual fuera de los cortes comerciales. Esa es una táctica de marketing que se aplica para llamar la atención y posicionar de manera más “eficiente” en la percepción de los espectadores los productos o servicios que se anuncian y así alcanzar más ventas[24].

De esta forma, los medios electrónicos podrán continuar insertando gacetillas que aparentan ser noticias auténticas, pero en realidad son comunicados pagados para hablar bien o fomentar una imagen positiva, por ejemplo, de las acciones de un gobernante, de un partido, de una institución, de una coyuntura política, etcétera. No se trata de investigaciones periodísticas, sino de simples promociones encubiertas presentadas como información noticiosa especializada. Esto produce mensajes engañosos que no están verificados, dañando el derecho a la información, las garantías de las audiencias y el derecho a la veracidad; al mismo tiempo que proyectan la imagen de políticos particulares, con recursos públicos de las mayorías sociales[25].

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Por ello, ya no será obligatorio que el servicio público en radio y televisión se preste en condiciones de competencia, calidad, brindando los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad, la veracidad de la información, la objetividad de los datos y el fomento de los valores de la identidad nacional. Así, los concesionarios sólo deberán garantizar la calidad técnica del servicio informativo y ya no tendrán que cumplir con el mandato de contribuir a la satisfacción de los fines educativos y culturales establecidos en el artículo tercero de la Constitución. 2.- El servicio público de la comunicación se desnaturalizó en su esencia social y se adaptó a una bárbara concepción ideológico-mercantil que lo redujo a una simple acción uniforme y regular informativa que deben ofrecer los concesionarios de la comunicación según el régimen legal que tienen autorizados, sin obstáculos o intervenciones del Estado para evitar el entorpecimiento del libre ejercicio de la competencia empresarial en este campo. Ello significa el respeto irrestricto por parte del gobierno a horarios, contenidos, porcentajes, políticas, calidad de las señales, decisiones, etcétera, que adopten unilateralmente los concesionarios de la radiodifusión [1]. 3.- Las nociones de “servicio público”, “libertad de información”, “derecho a la comunicación”, “derecho a la cultura”, “derecho de réplica”, entre otros, quedaron forzadamente adaptadas a las diversas necesidades de éxito de la programación comercial de los concesionarios de la radio y la televisión privada, que en el fondo no fue otra cuestión que el reacomodo de la normatividad comunicativa a las necesidades de acumulación de capital, vía la acción simbólica que producen las industrias culturales electrónicas. 4.- Mediante la anulación del concepto de servicio público la información y la cultura que se transmiten a través de los medios electrónicos de difusión masiva quedó convertida en una simple “mercancía” que no obedece a los criterios de ética, competencia, objetividad, respeto, pluralidad, independencia, etcétera; sino a la burda lógica del negocio desregulado. Con ello, las audiencias perdieron sus garantías comunicativas ciudadanas y quedaron compactadas nuevamente como meros consumidores tradicionales, sin derechos a ser informados y beneficiados con la riqueza que aporta la cultura[2]. 5.- La noción de comunicación de servicio público quedó compactada en el llamado interés comercial, que no es otra realidad que la imposición de la voluntad de los emisores para definir lo que los auditorios deben ver; esto es, lo que los concesionarios decidan programar en radio y televisión para obtener jugosas ganancias monetarias, sin ningún contrapeso planificador del Estado-nación. 6.- Al desnaturalizar la noción del servicio público se desarmó una institución jurídica primigenia del Estado mexicano y se regresó a la definición de la antigua Ley Federal de Radio y Televisión que protegió a los concesionarios, a través de la aplicación de la categoría del interés público, la cual ampara la realización de los negocios de los propietarios de los medios con el gobierno y los partidos, y la ejecución de grandes abusos mediáticos de los concesionarios de la radiodifusión nacional sobre los ciudadanos[3]. 7.- Con la cancelación de la noción del servicio público se introdujo una visión anarco-liberal que permitió que los consorcios privados de la radiodifusión utilizaran el espectro radioeléctrico, que es patrimonio de la nación, como extensión de la propiedad privada de los concesionarios para alcanzar la realización de sus fines económicos, políticos e ideológicos en el país, y no para respaldar los fundamentos del “bien común”. De esta forma, podrán explotar este bien del dominio público para realizar juicios mediáticos, promover infocomerciales, transmitir “programación basura”, presionar políticamente a figuras públicas, manipular coyunturalmente la información, intensificar su cuota de publicidad, dañar la formación psico-emocional de los niños y adolescentes, desacreditar a sus opositores, etcétera, en nombre del ejercicio de la “libertad de información”. 8.- Desde la reorganización amañada de la medula del proceso de comunicación de servicio público y de los respectivos derechos de las audiencias, ni siquiera el interés superior de la infancia debería ser protegido, pues lo único que tendría que garantizar el Estado es la libre competencia empresarial. A través de este mecanismo jurídico manipulador se impusieron los intereses mercantiles de los propietarios de los medios electrónicos en el corazón del proceso de la comunicación colectiva y se marginaron o anularon los derechos más elementales de las audiencias, reconocidos por la Constitución Política Mexicana[4]. 9.- En el fondo, lo que se buscó derogar no fue el derecho de las audiencias que demandaba implementar la diferencia clara entre la información noticiosa y la opinión de quien la presenta. Tampoco era evitar la obligación de los concesionarios para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa con objeto que no se continuara engañando a las audiencias. El verdadero trasfondo fue el vaciamiento jurídico de la gran fuerza que poseía el concepto de servicio público de la radiodifusión para, por una parte, fortalecer desmedidamente la racionalidad del bussines de los monopolios informativos comerciales, a costa del “bien común” y, por otra parte, evitar que los concesionarios tuvieran que proporcionar obligatoriamente los beneficios de la cultura, la preservación de la pluralidad y la veracidad de la información[5]. En la competencia del Órgano Regulador (IFT): 10.- Se atentó contra la Reforma Constitucional del 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del 2014 que crearon al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano autónomo con la facultad de regular, promover y supervisar la prestación de los servicios de radiodifusión y vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, emitiendo los lineamientos correspondientes. 11.- Con la mutilación del artículo 256 de la LFTR se minó la independencia y las capacidades regulatorias del IFT para normar, promover, supervisar y sancionar la prestación de los servicios de radiodifusión, la competencia, la calidad y evitar la concentración[6]. De esta manera se afectaron, entre otras, las siguientes facultades autónomas vertebrales que le correspondían al IFT: Se anuló su autoridad para vigilar y sancionar el incumplimiento de los Lineamientos Generales de Defensa de las Audiencias cuando se violen tales garantías por parte de los concesionarios[7]. Así, estas empresas no podrán ser sancionadas por quebrantar dichas garantías y lineamientos que los norman, como lo determina el mandato constitucional[8]. Se suprimió la facultad del IFT para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas en materia de defensa de las audiencias previstas en la ley[9]. El órgano ya no podrá constituir un comité para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones cuyo contenido viole el derecho de las audiencias[10]. La suspensión precautoria de transmisiones sólo aplicará cuando se vulneren los derechos infantiles en casos extremos (Art. 15, fracción 61)[11]. Perdió competencia el órgano regulador para multar a los concesionarios que rebasen los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en la Ley (Artículo 311). Se bloqueó el ordenamiento que facultaba al Instituto para emitir lineamientos de clasificación del material grabado que debía ser transmitido por televisión restringida (228)[12]. 12.- La contrarreforma sustituyó la atribución de tutela que le correspondía ejecutar al IFT por la autorregulación de los radiodifusores y la facultad de sancionar se la otorgó a la Secretaría de Gobernación y ya no al órgano autónomo[13]. 13.- Al conculcarle atribuciones fundamentales al IFT, en la práctica, se dejó en manos del Ejecutivo federal la potestad de reglamentar de manera discrecional en la materia siguiendo los criterios coyunturales del gobierno en turno y de los grandes concesionarios de radiodifusión; cuando el avance legal fue que dicha reglamentación correspondía a una facultad central de un órgano autónomo colegiado, tal como lo establecen estándares internacionales en la materia[14]. 14.- Mediante las estrategias de vulneramiento del IFT como instancia autónoma reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones, los agentes económicos preponderantes de dicho sector quedaron beneficiados para no cumplir con los compromisos en materia de competencia y calidad[15]. 15.- Con todo ello el IFT quedó capturado por los poderes fácticos mediáticos que buscan subordinar o anular su autonomía para evitar que se afecten sus intereses monopólicos[16]. En la esfera del modelo de comunicación colectiva: 16.- Se regresó a la implementación del modelo autoritario de comunicación, sin contrapesos, al cancelar la atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones para sancionar a las televisoras y radiodifusoras, así como ordenar la suspensión precautoria de transmisiones, cuando las empresas violenten la ley[17]. 17.- La contrarreforma conservó el viejo modelo de comunicación contaminado que permitió la continuidad silenciosa de un millonario negocio monopólico que protegió dos negros modelos empresariales: por una parte, el mercado negro de publicidad encubierta y engañosa de los contenidos; y por otra parte, el mercado negro de la propaganda política subrepticia presentada como información objetiva y neutral que no distingue entre hechos o noticias de las opiniones igualmente engañosas para mantener la relación clientelar entre políticos y medios[18]. Ambas modalidades gerenciales son la fuente de generación de fuertes ganancias extra para los concesionarios de la radiodifusión en México[19]. 18.- Se preservó el prototipo mercantil autorregulado de los medios de difusión electrónicos, especialmente comerciales, basado en la transmisión de publicidad engañosa y de propaganda encubierta presentada a la sociedad como información periodística objetiva y especializada, vulnerando los derechos primarios de las audiencias[20]. 19.- Se desreguló la actuación puntual de los concesionarios en el ámbito de las garantías de las audiencias y se introdujo un mecanismo de “autorregulación” que facilitó que los empresarios sólo informen al público en general sobre la manera como los emisores consideran los derechos de las audiencias, sin comprometerse a cumplirlos. Es decir, no obligó a los propietarios de los medios electrónicos a respetar las garantías comunicativas ciudadanas, sino sólo realiza un llamado a contemplarlas[21]. 20.- Al anularse los derechos de las audiencias se continuó funcionando con los tradicionales monopolios audiovisuales y radiofónicos de opinión pública en el país y no se avanzó hacia la construcción de un proyecto plural y multicultural de comunicación colectiva que formuló la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión del 2013[22]. 21.- La implementación de dicho modelo viciado de difusión electrónica colectiva pervirtió el ejercicio del periodismo profesional, de la comunicación de servicio público y de la información ética, pues permitió que las empresas concesionarias presentaran noticias o informaciones sin estar sustentadas en la veracidad[23]. 22.- En síntesis, con la renovación del antiguo modelo de comunicación masivo en plena etapa de la modernidad o posmodernidad cultural del país se retornó al viejo prototipo infectado donde se priorizó la política de la opacidad, el engaño, la prepotencia, la manipulación, la ausencia de profesionalismo, la desigualdad, la anticompetividad, el marginamiento ciudadano y la discrecionalidad jurídica y no se fomentó la transparencia, la ética, la calidad, la honradez y la civilidad informativa que son las bases civilizatorias que requiere la sociedad mexicana para avanzar hacia otra fase de desarrollo más equilibrado. En la dinámica del consumo informativo: 23.- A través de la instauración de la contrarreforma los mensajes publicitarios tendrán autorización expresa para engañar a los receptores, pues los concesionarios no tendrán la obligación de distinguir entre publicidad encubierta o product placement de los productos y la realidad objetiva de los mismos. 24.- El consumo de la propaganda también podrá estar sustentada en un “fraude simbólico”, pues se podrán exponer informaciones sobre sucesos cotidianos como información noticiosa, cuando en el fondo podrán ser acuerdos informativos previamente pagados por diversos sectores interesados que encubren la realidad con anuncios velados. 25.- Permanecerá aplicándose la estrategia mercadológica que permite que durante la transmisión de los anuncios comerciales aumente la intensidad del audio en una proporción superior al volumen que acompaña al resto de la programación informativa habitual fuera de los cortes comerciales. Esa es una táctica de marketing que se aplica para llamar la atención y posicionar de manera más “eficiente” en la percepción de los espectadores los productos o servicios que se anuncian y así alcanzar más ventas[24]. De esta forma, los medios electrónicos podrán continuar insertando gacetillas que aparentan ser noticias auténticas, pero en realidad son comunicados pagados para hablar bien o fomentar una imagen positiva, por ejemplo, de las acciones de un gobernante, de un partido, de una institución, de una coyuntura política, etcétera. No se trata de investigaciones periodísticas, sino de simples promociones encubiertas presentadas como información noticiosa especializada. Esto produce mensajes engañosos que no están verificados, dañando el derecho a la información, las garantías de las audiencias y el derecho a la veracidad; al mismo tiempo que proyectan la imagen de políticos particulares, con recursos públicos de las mayorías sociales[25]. *Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById(cloakeebd51cc406bbebae651d53734576f92).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyeebd51cc406bbebae651d53734576f92 = jesteinou + @; addyeebd51cc406bbebae651d53734576f92 = addyeebd51cc406bbebae651d53734576f92 + gmail + . + com; var addy_texteebd51cc406bbebae651d53734576f92 = jesteinou + @ + gmail + . + com;document.getElementById(cloakeebd51cc406bbebae651d53734576f92).innerHTML += +addy_texteebd51cc406bbebae651d53734576f92+; Reproduce la nota


* Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[1] González G., Susana, “El dictamen aprobado en la Comisión de Radio y Tv es regresivo: Amedi”, Periódico La Jornada, Sección Política, Ciudad de México, México, 7 de abril de 2017, página 7.

[2] Bernal, Ricardo, y Paz, Érika, “A puerta cerrada, diputados atentan contra derechos de las audiencias”, en: Rompevientos.com, Ciudad de México, México, 6 de abril de 2017, http://rompeviento.tv/?p=22102, (Consultado el 13 de mayo de 2016).

[3] Negrete, Jorge Fernando, “Audiencias: ignorancia y falta de liderazgo”, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Ciudad de México, México, 17 de abril de 2017, http://www.amedi.org.mx/audiencias-ignorancia-y-falta-de-liderazgo/, (Consultado el 15 de mayo de 2017).

[4] Bernal, Ricardo, y Paz, Érika, “A puerta cerrada, diputados atentan contra derechos de las audiencias”, Obra citada.

[5] Comisión de Radio y TV aprueba dictamen que desmonta servicio público y derechos de las audiencias”, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), 15 Años, Ciudad de México, México, 6 de abril de 2017, http://us1.campaign-archive2.com/?u=b34b9a173520cd7130eb1be3b&id=a285b6fd7d&e=67b8b8459e, (Consultado el 14 de mayo de 2017).

[6] “Congreso vende derechos de la sociedad a cambio de los favores de los concesionarios”, Boletín AMEDI, No. 27, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Ciudad de México, México, 27 de abril de 2017, tres páginas.

[7] Lucas, Nicolás A., “Reforma a Ley Telecom quitará atribuciones al IFT”, Periódico El Economista, Sección Telecomunicaciones, Ciudad de México, México, 5 de abril de 2017, http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/04/05/reforma-ley-telecom-quitara-atribuciones-ift, (Consultado el 10 de mayo de 2017).

[8] “El Congreso pretende favorecer a los concesionarios comerciales en detrimento de las atribuciones del IFT y los derechos de las audiencias”, Posicionamiento Público, Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), Ciudad de México, México, 18 de abril de 2017, 3 páginas.

[9] Córdova, Claudia, “Cambios a Ley de Telecom aprobados por los diputados ponen en riesgo a la audiencia”, en: www.huffingtonpost.com.mx, Ciudad de México, México, 4 de mayo de 2017, http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/05/04/cambios-a-ley-de-telecom-aprobados-por-los-diputados-ponen-en-ri_a_22069909/, (Consultado el 12 de mayo de 2017).

[10] Chávez, Víctor, “Contrarreforma a ley telecom bloquea a IFT en materia de audiencias: Amedi”, Periódico El Financiero, Sección Telecomunicaciones, Ciudad de México, México, 5 de abril de 2017, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/contrarreforma-a-ley-telecom-bloquea-a-ift-en-materia-de-audiencias-amedi.html, (Consultado el 12 de mayo de 2017).

[11] “El Congreso pretende favorecer a los concesionarios comerciales en detrimento de las atribuciones del IFT y los derechos de las audiencias”, Obra citada

[12] “El Congreso pretende favorecer a los concesionarios comerciales en detrimento de las atribuciones del IFT y los derechos de las audiencias”, Obra citada.

[13] Aleida Calleja, “Ley #DöringTelevisaLimón, la contrarreforma”, en: La Silla Rota, Sección Opinión, Ciudad de México, 11 de abril de 2017, http://lasillarota.com/opinion/columnas/ley-doringtelevisalimon-la-contrarreforma/143861;http://lasillarota.com/opinion/columnas/ley-doringtelevisalimon-la-contrarreforma/143861, (Consultado el 25 de junio de 2017).

[14] “Congreso vende derechos de la sociedad a cambio de los favores de los concesionarios”, Obra citada.

[15] Comisión de Radio y TV aprueba dictamen que desmonta servicio público y derechos de las audiencias”, Obra citada; Lucas, Nicolás A., “Reforma a Ley Telecom quitará atribuciones al IFT”, Obra citada.

[16] Chávez, Víctor, “Contrarreforma a ley telecom bloquea a IFT en materia de audiencias: Amedi”, Obra citada.

[17] Garduño, Roberto y Méndez, Enrique, “Autorizan a radio y tv mezclar opiniones e información en perjuicio de la veracidad”, Periódico La Jornada, Sección Política, Ciudad de México, México, 6 de abril de 2017, página 14.

[18] Bravo, Jorge, “La rebelión de las élites contra las audiencias”, en: Digipolis, “Los medios de comunicación, las telecomunicaciones y la sociedad digital en el siglo 21”, Sección Opinión, Ciudad de México, México, 11 de febrero de 2017, https://digipolis.wordpress.com/2017/02/11/la-rebelion-de-las-elites-contra-las-audiencias/, (Consultado el 17 de mayo de 2017).

[19] Aleida Calleja, “Ley #DöringTelevisaLimón, la contrarreforma”, Obra citada.

[20] Diputados pretenden contrarreforma y suprimir derechos de las audiencias”, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), 15 años, Ciudad de México, México, 5 de abril de 2017, comunicacion=Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., (Consultado el 10 de mayo de 2017).

[21] Chávez, Víctor, “Contrarreforma a ley telecom bloquea a IFT en materia de audiencias: Amedi”, Obra citada.

[22] González G., Susana, “son un logro de las audiencias, demandan los consejeros del IFT”, Periódico La Jornada, Sección Política, Ciudad de México, México, 7 de abril de 2017, página 7.

[23] Garduño, Roberto y Méndez, Enrique, “Autorizan a radio y tv mezclar opiniones e información en perjuicio de la veracidad”, Obra citada, página 14.

[24] “Derechos de las audiencias son un logro que no debe regatearse”, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Ciudad de México, México, 26 de enero de 2017, http://www.amedi.org.mx/derechos-de-las-audiencias-son-un-logro-que-no-debe-regatearse/, (Consultado el 31 de mayo de 2017), cinco páginas.

[25] Ibidem.

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