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Relatores instan a regular publicidad oficial

Relatores instan a regular publicidad oficial
 

RELATORES

Perla Blas

Adoptar una ley general para regular la publicidad oficial para reducir la discrecionalidad, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos; hacer pública la información sobre asignación de presupuesto, gastos y contratos de publicidad en las entidades públicas, fueron las recomendaciones en la materia, por parte de David Kaye, relator sobre la libertad de expresión para las Naciones Unidas (ONU)  y Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para David Kaye, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya ordenado al Congreso de la Unión a legislar en materia de publicidad oficial, es un paso muy importante pues por décadas se han utilizado fondos oficiales sin ningún tipo de restricción.  “No estamos en contra de que se destinen recursos a esto, sin embargo habría que tomar en cuenta los siguientes puntos: tiene que ser regulada y muy transparente, me refiero a saber en dónde se coloca esta publicidad; no debería utilizarse para propósitos políticos sino para difusión de información de interés público”.

Para el relator de la ONU, es tiempo de hacer las cosas de forma que no se dañe a los medios independientes: “creo que en un panorama ideal, el gobierno tendría que enfrentar de manera rápida este problema, pero por otra parte en los medios, los ingresos por publicidad han sido siempre un ingreso significativo. Lo que creo es que conforme pase el tiempo, será necesario tener no sólo regulaciones más fuertes que eliminen el uso discrecional en la publicidad oficial, sino también un nuevo marco de pensamiento acerca de los subsidios en sí mismos”.

Edison Lanza, explicó que dentro de lo que pudieron constatar en su visita (27 de noviembre al 4 de diciembre), es que son enormes las sumas de dinero las que se vuelcan a los medios, “de las más elevadas que uno puede ver en la región e incluso en el mundo, se habla de mil 500 millones de dólares en el ejercicio del actual gobierno federal”.

Identificaron además el sesgo en el reparto de los recursos, pues no se destina a medios críticos sino aquellos que el gobierno considera afines o que son complacientes. “Hay que definir el propósito de la publicidad oficial, los principios para asignarla y el control y transparencia sobre el gasto”, enfatizó el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

Horrorizados por historias de periodistas

Los relatores señalaron que existe una cifra negra de casos de periodistas que no denuncian por temor y la constante fue, el sentimiento de que el Estado no está nada para respaldarlos.

En su recorrido, realizaron 250 entrevistas en 21 estados y se reunieron con autoridades federales y estatales con presencia en Ciudad de México, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Compartieron que los periodistas en los estados están conscientes de que no pueden informar con libertad y están perdiendo conexión con las audiencias y credibilidad, y esto está generando un impacto sistémico en el periodismo como profesión.

“Nos horrorizaron las historias que escuchamos de los periodistas con quienes nos encontramos, en la que presentaron una cruda imagen del ambiente hostil que han enfrentado. El acoso sexual contra mujeres periodistas, el desplazamiento forzoso de reporteros, los asesinatos y las desapariciones, así como una impunidad profunda, fueron elementos comunes”, dijeron.

 Algunas de sus observaciones:

  •        No sólo se daña al periodista, sino el derecho público a saber.
  •        El gobierno aunque reconoce los problemas, no ha podido asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política.
  •       La conexión entre el periodista y la sociedad está en juego, aunque exista ímpetu por informar.
  •        Los ataques digitales en contra de los periodistas y sus fuentes ha emergido como nuevo reto preocupante.
  •        La difamación se despenalizó a nivel federal en 2007, pero los periodistas siguen enfrentando la amenaza de demandas civiles por parte de funcionarios públicos.
  •         No existe un sistema único para obtener y recolectar datos sobre ataques a periodistas y hay desfase en los datos que tienen instituciones federales y estatales.
  •         No existe una estrategia para apoyar a los periodistas desplazados
  •        Ha habido un 200 por ciento de aumento en ataques contra mujeres periodistas en distintas dimensiones: desde condiciones laborales más precarias que sus compañeros hombres hasta acoso y violencia por parte de autoridades.
  •        En 2017, 130 periodistas han buscado protección.

Enfatizaron que no acudieron a México para decir que todo está mal, sino a reconocer a reconocer y contribuir, ya que es un problema con muchas aristas. Entre sus recomendaciones está que los medios deberían tener un papel clave en la seguridad de sus periodistas y ofrecer capacitación en seguridad y autoprotección de sus empleados, tanto permanentes como freelancers. Establecer dentro de la FEADLE, un programa de testigos protegidos, y dentro de ésta, una unidad especial para atender los casos de las mujeres periodistas.

David Kaye y Edison Lanza explicaron que el informe final está previsto que se publique dentro de seis meses y enfatizaron que se debe proteger a los periodistas, particularmente por el próximo proceso electoral, “entender que los periodistas no sólo forman parte de la democracia sino que son una parte central, por ende, deben de ser protegidos en todos los niveles”, dijo Kaye.

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