Inadmisible, el agravio al periodista honesto: Ana Lilia Pérez

Elvira García

A partir de los reportajes que publicó en la revista Contralínea, donde da cuenta de la corrupción en Pemex y el involucramiento de Juan José Camilo Muriño en la firma de contratos con la paraestatal, la reportera ha sufrido acoso y amenazas de muerte del Grupo Zeta

“En México un periodista paga muy caro no aceptar corromperse. Es indigna e inadmisible la forma como debo defender mi derecho a ejercer el periodismo, que es mi profesión”, expresa Ana Lilia Pérez, y la voz se le quiebra. Sus palabras denotan el estado de tensión en que vive, acosada por las denuncias y la guerra que el Grupo Zeta ha desatado en contra de ella y de Contralínea, la revista donde publica.

Ana Lilia aprende a vivir con el miedo, confiesa en entrevista con Zócalo. Sin embargo, no se quiebra. Habla del alto grado de corrupción que priva entre los funcionarios públicos, de su hallazgo más sonado, los contratos que Juan Camilo Mouriño firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex), y de los costos que ella pagó por el reportaje. Exhibe su decepción por el sistema de justicia y por los estrechos márgenes de la libertad de expresión.

Corrupción: puede olerse

Detrás de un mirar triste y un aire de timidez, es difícil imaginar que esta periodista, de apenas 33 años de edad, vive con un amparo en la bolsa y con el alma en vilo, escondiéndose a veces, durmiendo mal por las amenazas que llegan a su correo o a su teléfono, todo como pago al periodismo de denuncia mediante el cual ha descubierto la corrupción en el sector energético, sobre todo en Pemex.

“Se puede oler la corrupción”, afirma Ana Lilia, quien ha entrenado su olfato. Siguiendo pistas ha encontrado y atado los cabos que conducen a las rutas del dinero, a las fortunas que hablan de enriquecimiento ilícito y de la ilegalidad con que funcionarios y empresarios, en complicidad, se tornan millonarios en un pestañeo.

Esta veta del periodismo le ha traído satisfacción, pero también demandas y amenazas. Uno de ellos es Jesús Zaragoza López, presidente del Consejo de Administración del Grupo Zeta, holding de ochenta gaseras operadas por su prolífica familia, asentada en Ciudad Juárez, Chihuahua,  pero cuyas industrias bañan casi todo México y países de Centro y Sudamérica.

Una entrevista realizada y publicada en dos partes, entre abril y mayo de 2007, en la cual el titular del Grupo Zeta hizo inusitadas revelaciones, fue el origen de la demanda por daño moral que el Grupo Zeta enderezó en agosto de 2007 contra Ana Lilia y Miguel Badillo, director de Contralínea. Fue la primera de un rosario de demandas que el consorcio interpuso desde esa fecha a través de los distintos nombres de las gaseras del holding.

Es una guerra que pretende llevar a la cárcel a Ana Lilia y a su jefe para terminar con Contralínea. Según palabras de la periodista, flotan en el ambiente amenazas de muerte.

Saint Martin, símbolo de corrupción

Proveniente de una familia conformada sólo por mujeres, Ana Lilia escribió su primer reportaje en 1999. Exhibió las condiciones en que vivían, encarcelados, niños indígenas en Tapachula. Su segundo trabajo abordó la remodelación de las fincas familiares de Roberto Albores Guillén, entonces gobernador de Chiapas, con dinero público.

Sin conocer a nadie en los medios, sin al menos laborar como “hueso”, colocó reportajes en Milenio, La Jornada, El Financiero y El Universal. Trabajaba en Radio Educación cuando entró al equipo de Miguel Badillo para fundar El Independiente, de Carlos Ahumada. Las diferencias de criterio editorial entre ambos hicieron renunciar a Badillo y retornar con su gente a Contralínea, su revista. Ana Lilia se unió al grupo.

“En el sector energético es donde hay más corrupción a muy alto nivel”, refiere. El primer caso lo investigó en Tabasco. El tema: Petróleo y  daños ambientales. “Ahí vi la corrupción”, recuerda.  Encontró que la mayoría de las empresas cometen irregularidades ambientales y mantienen estrechos vínculos con funcionarios de Pemex. “Lo publiqué y las mismas fuentes me condujeron a otras huellas”, relata.

Muy pronto documentó los negocios de los hijos de Marta Sahagún en Pemex. “Lo supe en una reunión privada que tuvimos Miguel Badillo y yo con Luis Ramírez Corzo, entonces director de Pemex Exploración y Producción”. Aquel encuentro no fue casual. Ana Lilia había publicado sobre el Grupo Saint Martin, “símbolo de la corrupción en Pemex”.

Explica: “Lo titulé: ‘De chaperos a magnates del petróleo’, porque esa es la historia de los fundadores de los hermanos Saint Martin: chapeaban (recogían) con las manos derrames de petróleo. Entonces, por presiones ambientales internacionales y la alerta de Greenpeace a Pemex, los Saint Martin hicieron una empresita y, habilidosos, se metieron a fondo en Pemex, se emparentaron con funcionarios, se enriquecieron y corrompieron a tantos que ahora son socios de petroleros árabes”.

En ese marco se dio el encuentro solicitado por Ramírez Corzo. “Aquello no fue entrevista, sino una queja. Nos narró el agobio que sufría porque en la paraestatal había una fuerte disputa por la operación de Marta Sahagún en Pemex.

“En ese momento se discutía un contrato por 160 millones de dólares para la empresa Oceanografía, y la esposa de Raúl Muñoz Leos presionaba a éste para que hiciera lo que Marta le decía: que entregara contratos a Oceanografía porque sus hijos eran gestores ahí. Nos reveló cómo los secretarios de Estado empezaron a exigirle que los Bribiesca sacaran las manos de Pemex. Publicamos esas declaraciones sin citarlo; nos lo pidió así. De inmediato, la Presidencia de la República negó que existiera tal operación y Ramírez Corzo envió una carta a Contralínea sosteniendo que en Pemex todo se hacía conforme a la ley.”

-¿Por qué crees que pidió no se le citara como informante?

-Su revelación era muy delicada. No desmintió la información, sólo se mantuvo al margen. Esa fue la primera vez que se habló públicamente de las operaciones en Pemex de los hijos de Marta, y yo empecé a investigarlos.

Corruptos sin huella

Al seguir las pistas, Ana Lilia halló una cloaca. “Dicen que los corruptos con oficio no dejan huella; pero los que no lo tienen dejan muchas. Yo encontré un sinfín de ellas”.

-¿Por qué crees que Ramírez Corzo quiso hablar?

-Seguí investigando a Grupo Saint Martin y a Oceanografía. Encontré que Ramírez Corzo formaba parte de los funcionarios corruptos que operaban para ambas. A partir de que se publicó la información que evidencia que Muñoz Leos privilegiaba a Oceanografía, se filtró a Reforma la nota de la cirugía que su esposa se hizo con fondos públicos. Ese fue el pretexto para sacarlo de Pemex, pero no porque a Vicente Fox le interesara limpiar Pemex, lo quitaron para poner a Ramírez Corzo, quien les  garantizaba mejor operación de los contratos, y así fue. Él entregó a esas empresas contratos más jugosos, lo mostré en varios reportajes entre 2004 y 2006.

-¿Ramírez Corzo te utilizó?

-Mucho de lo que publica la prensa son filtraciones, la clave es qué hace el periodista con la información. Si él usó o no al medio, lo importante es que difundimos la existencia de la red de corrupción, y cuando comprobamos que él formaba parte, también lo dijimos, y en portada.

Pista hacia Juan Camilo

De esa enredada madeja, Ana Lilia jaló un hilo que la llevó a tres nombres: Felipe Calderón Hinojosa, César Nava y Juan Camilo Mouriño. “Encontré documentos que le enviaban los directivos de Oceanografía a Calderón cuando era secretario de Energía y papeles que prueban reuniones operadas por Nava y Mouriño para discutir, en esa secretaría, los contratos que Pemex entregaría a Oceanografía. Eran de mil o mil quinientos millones de dólares”, agrega.

Al investigar a esos personajes, años después dio con los contratos que Juan Camilo Mouriño firmó entre 2001 y 2004, siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a la vez contratista de Pemex Refinación. Ella solicitó una entrevista con Mouriño, recién nombrado secretario de Gobernación, pero se la negó. Los contratos de Pemex con Ivancar, SA de CV se exhibieron en Contralínea el 16 de febrero de 2008.

-¿Cómo encontraste los contratos? 

-No puedo decir mucho, porque a partir de que los exhibí, recibí amenazas de muerte de funcionarios y empresarios vinculados a Mouriño.

-¿Y de él?

-No, pero sí de su gente. Hubo mucha presión hacia mí y la revista para que reveláramos la fuente, hasta llegó un mensaje del presidente Calderón, por medio de César Nava: sólo quería saber mi fuente; si la decía nos levantaban el veto de publicidad.

Con firmeza sostiene: “La fuente sólo la conozco yo”, y explica: “Me dieron indicios de la información y no publiqué nada sin verificarla, porque además ya tenía la demanda del Grupo Zeta”. Ella comenzó sus pesquisas en torno a Mouriño poco antes de que fuese secretario de Gobernación.

Le pregunto por qué cree que su fuente puso en sus manos aquella bomba, y responde en voz baja: “Hay gente honesta. En el sector energético he encontrado funcionarios que hacen bien su trabajo, no están de acuerdo con la corrupción y les indigna más cuando es la cabeza del Ejecutivo o  gente cercana a él la que opera así”.

-¿Funcionarios que tienen en Pemex muchos años se indignan por el actual manejo de la paraestatal?

-No puedo dar más datos. Hay gente indignada, y no se trata de priístas o panistas. Pemex es hoy ejemplo de lo que ocurre en México, donde las disputas se dan a muerte, porque es dinero lo que se busca.

A muchos sorprende que la reportera hallara tal evidencia. “Me preguntan por qué creo que Juan Camilo firmó documentos tan contundentes. Creo que él nunca pensó que llegaría  a donde llegó. Era hijo de un empresario menor, no tenía oficio político ni poder económico. Los Mouriño son de los pocos empresarios beneficiados por el PAN desde que éste tomó el control de Pemex; Felipe Calderón está absolutamente vinculado al sector energético”.

Revela que a partir de que mostró los contratos firmados por Mouriño, “Pemex giró la orden de que se revisaran todos los documentos que salieran. Suponían que alguien de ahí me los dio”.

-Se dijo que a César Nava le interesaba que se conocieran los contratos…

-Nava no fue mi fuente de mi información, tampoco Germán Martínez. Investigué a Nava desde que era abogado de Pemex, por un prevaricato; el tema lo retomó Proceso. Reportear sobre empresas corruptas vinculadas con Pemex me llevó a ubicar funcionarios claves, uno de ellos es Nava.

Dice que el ahora presidente del PAN aparece reiteradamente en sus pesquisas. Que en el  prevaricato estaba involucrado su suegro; el abogado no desmintió lo publicado. “Sigo investigándolo hasta la fecha”, señala.

El imperio gasero

-¿Cómo llegas al tema del Grupo Zeta en 2005?

-Obtuve un documento de Pemex que se llama Proyecto Suma, diseñado por Luis Ramírez Corzo y asesores estadounidenses. Actualmente, él es asesor de petroleras texanas. Con su gente creó un esquema para cambiar administrativamente a Pemex y abrirlo a la iniciativa privada. Al buscar quiénes serían los beneficiarios de Suma, encontré al Grupo Zeta, que operaría gasoductos y terminales del almacenamiento, es decir, sustituiría a Pemex Gas en las labores que le competen.

Pedí una entrevista a Jesús Zaragoza López, presidente del corporativo, y no me la concedió. Cuando se publicó la información, él llamó al director de Contralínea y le dijo que daría una entrevista; la primera parte la hice en sus oficinas de Polanco. Yo tenía ya mucha información, una sobre lavado de dinero.

Ana Lilia se refiere a que años atrás la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) detuvo una pipa de la empresa Zeta cargada de cocaína.

“Cuando tienes al protagonista del asunto no puedes dejar de preguntárselo. Zaragoza confirmó lo ocurrido y dijo que la DEA abrió investigación a toda su familia”. Al preguntarle sobre su cercanía con secretarios de Estado, refiere la reportera, “me habló de su relación con Felipe Calderón y de que aportó dinero para la campaña electoral; me entregó documentos de los acuerdos que la empresa hizo en privado con Calderón. Antes de la segunda entrevista, Zaragoza López –a través de una empleada- me ofreció dinero, viajes”.

-¿Qué le respondiste?

-Rechacé todo. Me mandó decir que con él tendría el futuro de mi familia y mío asegurado. Ofrecía enviar uno de sus aviones para que me trasladara al lugar de la entrevista. Cada uno de sus hijos posee un avión y la familia tiene barcos, es multimillonaria; Grupo Zeta es la quinta empresa de gas más grande del mundo.

La segunda entrevista fue en Ciudad Juárez. Yo tenía instrucción de no quedarme ni un día allí. Cuando un empresario así no sólo confirma información, sino que da a conocer cómo soborna a alcaldes, crea diputados y me da documentos que lo prueban, sentí que algo no estaba bien. Todo lo que dijo lo grabé con su venia, fueron casi cinco horas; regresé el mismo día por los medios de la revista. Se publicó la entrevista en varias partes. A los cinco meses, él demandó. Era agosto de 2007.

-¿No te extrañó que te contara tantas cosas delicadas?

-Me pareció que él tiene tanto poder que le daba lo mismo decirlo. Siempre hizo evidentes sus influencias con secretarios de Estado, su cercanía a Los Pinos en los últimos dos sexenios.  Yo le preguntaba y él hablaba y hablaba…

Ana Lilia recuerda que Zaragoza mencionó el trato dual que Hacienda le otorga a sus empresas: “Decía que, por un lado, no se ha cerrado la investigación sobre lavado de dinero y, por el otro, les perdona impuestos. Se mofaba de Hacienda: ‘Imagínese, de 20 millones de impuestos que pagamos, nos regresaron diecinueve”, contó.

¿Intento de extorsión?

El argumento principal del Grupo Zeta para demandar es que Ana Lilia y Miguel Badillo intentaron extorsionarlo luego de la entrevista. Cuando se lo pregunto, la reportera expresa categórica: “Eso no es cierto”, y explica:

“En Contralínea no se negocia ningún asunto. Si así fuera, los contratos de Juan Camilo Mouriño no se habrían publicado. La revista, con siete años de vida y numerosas demandas, el acoso judicial, amenazas y riesgo, está pagando el costo de ventilar graves asuntos de corrupción que involucran a poderosos empresarios y funcionarios del más alto nivel del gobierno federal. Son asuntos que han  puesto en jaque a Los Pinos, pero ni una sola línea de la información publicada ha sido desmentida.”

Tras el fallo judicial adverso a los dos periodistas, Ana Lilia tuvo que ocultarse para no ser aprehendida, y Miguel Badillo fue arrestado durante varios días. Carmen Aristegui difundió la nota. Ella buscó a los Zaragoza para conocer su versión, pero “ellos se negaron a hablar; pagaron una inserción en la que dijeron haber ganado el juicio, lo que es mentira, que nosotros nos negábamos a publicar la sentencia y que hubo intento de soborno de Badillo a Jesús Zaragoza. Los que quisieron sobornarme fueron ellos y lo denunciamos desde 2008 en la Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas, de la PGR, y en la CNDH”.

Sobrellevar el miedo

-¿Cómo es hoy tu vida?

-Distinta, porque no es una demanda de alguien que tenga buenas prácticas empresariales. He recibido amenazas de muerte vía telefónica, por gente de Jesús Zaragoza y de Oceanografía. Me mandaron documentos de prueba para que supiera que son ellos los que están actuando y me prohíben ir a Campeche.

-¿Juan Camilo Mouriño y el Grupo Zeta tenían relaciones empresariales?

-Claro. Lo confirmé con documentos que publiqué.

Ana Lilia habla mientras extravía la mirada en el horizonte: “Me vigilan en mi domicilio, en la calle se me cierra un auto. Perdí la tranquilidad. He salido dos veces del país en situación de emergencia, enfrento un proceso penal. Los Zaragoza quieren verme en la cárcel, sus abogados alegan que la firma que estampé en mi amparo ¡no es mía! ¡Eso es absurdo!

Ana Lilia no tiene hijos. Dice que no podría ahora, porque “no sé cuándo tengo que salir corriendo. Vivo bajo la custodia de cuatro guardaespaldas. Esto no es normal ni sano”. Pese a todo, Ana Lilia reafirma su convicción de seguir en el periodismo de denuncia, ahora también publicando en medios de Europa y Estados Unidos interesados en sus temas. Agrega que no puede dejar de investigar: “Lo hago por instinto”. Sin dudar, afirma: “Por lo que hoy me sucede, sé del costo que en México tiene hacer periodismo honesto”.