En radio, Grupo Fórmula el más multado

Gabriel Sosa Plata y Karina Judith Godines

Entre 2002 y 2008, la Secretaría de Gobernación (Segob) llevó a cabo 677 procedimientos administrativos en contra de estaciones de radio por violaciones a diversas disposiciones incluidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento.

Con base en el informe más actualizado de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de esa dependencia, las violaciones en las que más incurrieron los radiodifusores durante ese periodo se relacionan con su renuencia a transmitir las producciones correspondientes a los tiempos de Estado y de los programas de los partidos políticos. Más de 70 por ciento de los procedimientos administrativos fueron generados por las causas mencionadas.

En el 30 por ciento restante se encuentran otros motivos, como “corrupción del lenguaje” y “propaganda o publicidad engañosa”. También destaca, como se aprecia en el cuadro que acompaña esta nota, la transmisión de contenidos en los que hay “influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez” y la “omisión” de los anuncios por tratarse de programas impropios para los infantes.

De acuerdo con RTC, la empresa con más violaciones a la legislación es Radio Uno FM, S.A., de Grupo Fórmula, propiedad de Rogerio Azcárraga. Esa empresa es concesionaria de la frecuencia 104.1 de FM en el Distrito Federal, cuya programación se retransmite en decenas de radiodifusoras del país. En “corrupción del lenguaje” acumula el mayor número de faltas, 34, particularmente por el contenido de uno de sus programas nocturnos más exitosos, denominado El Panda Show.

En segundo lugar se encuentra Radio Iguala, S.A. de C.V., empresa concesionaria de la frecuencia 880 Khz de AM, de Iguala, Guerrero, con 25 procedimientos por irregularidades en la transmisión de los programas de los partidos políticos.

En tercer sitio se ubican, con 22 casos cada uno, Radio Integral S.A. de C.V., concesionaria de diversas emisoras del país, que administra Grupo ACIR, y Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. de C.V., una de las empresas de Televisa Radio.

Una emisora que destaca por transmitir el mayor número de programas con “influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez”, con seis procedimientos, es Publicistas S.A., concesionaria de la frecuencia 1290 Khz de AM, más conocida como Radio 13, del grupo Radio S.A., en el Distrito Federal. Esa misma emisora contabiliza cuatro faltas por “corrupción del lenguaje”.

Los procedimientos administrativos pueden derivar en multas económicas. La multa más alta fue impuesta a una radiodifusora del Estado: la XEB, la B Grande de México, adscrita al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), por “irregularidades en la transmisión de los tiempos de Estado”. En junio de 2008 tuvo que pagar 783 mil 835 pesos por esa falta. Sin embargo, la empresa que más ha desembolsado recursos por acumulación de multas es la misma Radio Uno FM, S.A., con un millón 476 mil 838 pesos, en los seis años que abarca el informe.

Mientras que en radio, la mayor falta se encuentra en las irregularidades de la transmisión de producciones de los tiempos de Estado y de los partidos políticos, en televisión el principal motivo para llevar a cabo los procedimientos administrativos fue por “influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez” y “omisión del anuncio por tratarse de un programa impropio”, con 163 casos.

Como detallamos en la pasada edición de Zócalo (núm. 115, septiembre 2009), existen tres tipos de acciones legales que RTC lleva a cabo por supuestas violaciones a la legislación: procedimientos administrativos (en los cuales se puede llegar a una multa económica), observaciones y extrañamientos (en las que sólo hay un llamado de atención para corregir la situación que podría, en caso de reincidencia, derivar en un procedimiento administrativo).

Los procedimientos, observaciones y extrañamientos son contra concesionarios y permisionarios de radio y televisión, cableras, comercializadoras, exhibidoras y distribuidoras.

En el rubro “observaciones” a concesionarios y permisionarios de radio, sólo se dan a conocer datos de 2007 a 2009, con un total de 360 casos. La falta más reiterada es la “no transmisión del encadenamiento nacional” o hacerlo “fuera de tiempo”. Además de la “omisión de campañas oficiales con cargo al tiempo del Estado”, destaca, con 64 casos, la transmisión de “publicidad engañosa”. En “extrañamientos”, durante el periodo 2006 a 2009, hay 274 casos, de los cuales la mayoría se relacionan con la misma irregularidad de no transmitir las campañas que les envía RTC.

Quitar facultades a Segob

El tema de las sanciones a radio y televisión nos remite, necesariamente, a las políticas públicas del gobierno federal en esta materia. Hay un antecedente valioso. Como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, dirigió un discurso a los radiodifusores reunidos en el World Trade Center el 21 de julio de 1998, a propósito del Simposium Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, en el cual esbozó su visión sobre el tema.

Palabras más, palabras menos dijo que el problema de la discusión de la legislación de los medios no radica en si son regulados o no, sino lo importante “es establecer derechos plenos, inviolables de los medios y de los ciudadanos o dejar unos y otros como están hoy a la discrecionalidad del Estado”.

Fue entonces que retomó el discurso de los radiodifusores: “Es un buen propósito el enfatizar que la responsabilidad de los medios queda al cuidado de sus propios códigos de ética. Enhorabuena que éstos, los códigos, se preparen, se expidan y en su momento se cumplan…”.

Agregó: “Sin embargo, invocar la autorregulación por parte de quien tiene el control jurídico de los medios, hacerla desde la perspectiva de un Estado y de un gobierno que mantiene para sí la facultad discrecional absoluta para otorgar, renovar, revocar, vigilar y sancionar las concesiones de radio y televisión como actualmente lo establece la ley, es caer en el engaño”.

Y remató: “Si el Estado verdaderamente apuesta a cancelar cualquier obstáculo que amenaza a la libertad de expresión, a la libertad de los medios, para depositar el ejercicio responsable de los mismos en la autorregulación ética, debería, al mismo tiempo, renunciar clara y legalmente, es decir legislativamente, a las amplísimas facultades discrecionales que no sólo la Secretaría de Comunicaciones, sino sobre todo Gobernación, tienen en la materia. El no hacerlo revela un propósito de invocar la libertad precisamente para mantener el actual control de la libertad”.

Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón, ya como presidente, han renunciado a las facultades discrecionales que prevalecen, por ejemplo, en el otorgamiento de los permisos de radio y televisión. Tampoco lo han hecho, para fortuna de millones de mexicanos, en la supervisión de los contenidos de dichos medios. RTC conserva prácticamente intactas sus atribuciones, salvo en el caso de los procesos electorales, lo cual es un aspecto fundamental de la relación entre medios y sociedad.

La experiencia ha demostrado que los códigos de ética y de autorregulación de la radio y la televisión poco han funcionado, porque ha existido más simulación que un verdadero ejercicio de autocrítica y autosanción.

Sin embargo, el órgano encargado de evitar que se cometan abusos en la programación (en asuntos muy delicados, como concursos y sorteos, programación infantil o publicidad) se encuentran en una situación de desventaja frente a los concesionarios por los vacíos legales que no consideran nuevas variantes de la programación y porque como lo dijo el exsubsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, Juan María Naveja, las infracciones contempladas en la ley no consideran su impacto social, no reparan el daño ni tampoco inhiben conductas similares.

Baste revisar el reiterado desafío en el cual incurren algunos concesionarios al dejar de transmitir campañas sociales, al insistir en la transmisión de programas que no son adecuados para los niños o en los abusos que se comenten en publicidad engañosa. Ninguno de estos casos, estamos seguros, se consideraron al llevarse a cabo los procesos de refrendo de concesiones y permisos en radiodifusión.