Elena González y Viridiana Villegas

Pese a que el secretario de Go­bernación, Fernando Gómez Mont, rechaza públicamente que el gobierno pretenda mo­dificar la ley de transparencia federal para admitir impugnaciones a las resoluciones que obligan a funcionarios a entregar in formación requerida por ciudadanos, sus propios colaboradores lo desmienten. Inclusive el diputado y ex compañero de partido Javier Corral califica esas intenciones como “inconstitucionales”.

Especialistas de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) cuestionan, además, los amagos explícitos del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien a través de un co­municado exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a avalar una reforma a la Ley de Transparencia de Campeche -en curso de revisión-, para que permi­ta que las resoluciones del órgano garante sean revisadas por el Tribu­nal Superior de Justicia del estado, además de negar la consulta directa a los documentos oficiales.

Y es que, mientras Gómez Mont nie­ga el amago, hasta subalternos suyos lo confirman. Durante el seminario “Retos para la consolidación del Derecho a la Información”, la comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob), Blanca Heredia, reconoció que la dependencia revisa algunas posibles reformas con el IFAI.