Los hondureños votaron el domingo 29 de noviembre para elegir nuevo presidente, cinco meses después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya y hundió a ese país en una crisis política. Los comicios han sido considerados ilegítimos por la mayor parte de América Latina, pero respaldados por Estados Unidos.

Los medios de comunicación dieron la victoria en las elecciones al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo. Radio América, con base en datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que Lobo ganó con 55.86 por ciento de los votos, frente a 38.24 por ciento del liberal Elvin Santos, mientras que la emisora HRN dio a Lobo 55.46 por ciento y a Santos 39.19 por ciento.

En ese contexto, es pertinente un somero recuento de la situación de los medios de comunicación en Honduras, especialmente de los opositores al gobierno golpista, sometidos a la censura, a la hostilidad, y la represión a los periodistas nacionales y extranjeros.

Miriam Paredes

Tras la crisis política generada en Honduras por el golpe de Estado perpetuado en junio de 2009 en contra del presidente Manuel Zelaya, ese país ha permanecido en una constante incertidumbre. Las elecciones del domingo 29 no cambian la situación, hasta ahora.

Durante los últimos cinco meses, decenas de reporteros hondureños y extranjeros sufrieron ataques a la libertad de expresión, los cuales han ido de la agresión física por parte de los cuerpos de seguridad, el destrozo de equipos, detención ilegal, amenazas de muerte, censura por medio de la presión comercial y la publicidad oficial, hasta las constantes intimidaciones del cierre de medios.

Medios golpistas

La libertad de expresión en Honduras se ha visto severamente vulnerada, pues existe una gran polarización de los medios, hecho que ha provocado desinformación. La situación obedece a la alianza que existe entre los grandes medios, empresarios y el régimen golpista, factores que han sido determinantes para la censura y el bloqueo informativo.

En entrevista para Zócalo, la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), María Pía Matta, detalló que durante las misiones que realizó al país centroamericano entre agosto y septiembre comprobó que existe no sólo en Honduras, sino en toda América Latina una gran concentración de los medios de comunicación en manos de poderosos empresarios.

La periodista chilena hizo referencia a una investigación del diario hondureño El Libertador, que vincula a los sectores golpistas con los dueños de la mayoría de  medios de ese país como es el caso del empresario José Rafael Ferrari, quien maneja decenas de frecuencias de radio y canales de televisión. A esto se añade el caso del empresario Jorge Canahuati, que tiene a su cargo diarios antizelayistas, como El Heraldo y La Prensa. Asimismo, el ex presidente Carlos Flores Facusse, quien dirige el diario La Tribuna.

La presidenta de la AMARC-ALC puntualizó que durante la misión a Honduras comprobó que no existe la libertad de expresión para dar cobertura a la información, para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado.

Explicó que los principales problemas que enfrentan las radios comunitarias y los medios locales radican en las permanentes amenazas que han sido un factor importante para la autocensura, los cortes al suministro eléctrico que han dañado severamente los equipos de transmisión, así como las interferencias telefónicas y  la manipulación de internet.

Intimidación gubernamental

El retorno de Zelaya al país el 21 de septiembre incrementó la represión contra los medios, el régimen de Roberto Micheletti intentó silenciarlos. Como principal medida estableció el decreto CM-M-016-2009, el cual autorizaba suspender a los medios de comunicación que atentaran contra la paz, el orden público y la dignidad de los funcionarios durante 45 días.

La disposición fue derogada el 5 de octubre, pero antes de su declinación permitió que el 28 de septiembre fueran clausurados Radio Globo y Canal 36, medios afines a Zelaya, que permanecieron suspendidos durante 22 días. Ambos medios regresaron al aire el 19 de octubre tras la publicación de la derogación de la disposición en el diario oficial La Gaceta.

La persecución de El Libertador

Pocos medios afines a Zelaya han podido resistir. Johnny Lagos, director del diario hondureño El Libertador, narró para Zócalo las incesantes amenazas que él y su equipo de redacción han padecido a raíz del golpe de Estado “por ser uno de los pocos espacios alternativos que quedan en Honduras”.

Una de las más recientes formas de intimidación con dedicatoria especial para Lagos fue el secuestro y tortura del reportero gráfico Delmer Membreño, quien fue interceptado a unas calles de la redacción del periódico. A esto, relata el director del diario, se añade la permanente vigilancia al edificio donde se ubica la redacción, pues un auto con número de placas 1070 y vidrios polarizados rodea todas las noches las instalaciones del periódico hasta 25 veces.

Lagos acepta que la persecución contra el diario que dirige comenzó antes del golpe de Estado, pues asegura que el 8 de junio recibió una denuncia judicial proveniente del juez del Juzgado Primero de Letras de lo Contencioso Administrativo, Jorge Alberto Zelaya Saldaña, por petición del fiscal general, Luis Rubí,  para que a través del periódico se dejará de promover la consulta popular en la que se le preguntaba a los ciudadanos hondureños si estaban de acuerdo o no con una nueva Constitución. El comunicado advertía que si la desobediencia continuaba, enviarían a Lagos a la cárcel.

Johnny Lagos reconoce que le han recomendado que salga del país, pero dice enfático: “Soy periodista y pienso que soy útil en este momento; lo que más me llena de satisfacción es sentir que le sirvo a la humanidad, a otras personas, y que el periodismo justifica mi existencia. No he pensado a menos que fuera algo muy extremo, decir que me voy”.