Con el propósito de proteger los derechos constitucionales a la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) interpuso un amparo que fue admitido a finales de julio, contra la resolución de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que aprobó la concentración Televisa-Iusacell.

El 24 de julio el Juzgado Décimo Tercero en materia administrativa admitió el amparo interpuesto el 9 de julio, admisión de la que los miembros de la AMEDI dijeron, en conferencia de prensa, estar “satisfechos”, y  reconocieron “el destacado papel que en estos temas ha asumido el Poder Judicial, como un contrapeso a las decisiones erróneas y autoritarias del Poder Ejecutivo; la pasividad, omisión y complicidad para con las televisoras del Poder Legislativo, y los intentos recurrentes de abusos por parte de los poderes fácticos de la comunicación”.

La AMEDI con la asesoría de la organización Litiga Olé interpuso el recurso, precisó la presidente de la agrupación Aleida Calleja.

Paralelamente, la misma asociación solicitó la suspensión del acto de autoridad que avaló esa alianza porque viola la Constitución, la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento, con lo que se fomenta un gran monopolio de telecomunicaciones en México, dijeron representantes de la AMEDI. Esa concentración “afecta de manera irreparable el derecho a la información al permitir una concentración sin precedentes”.

Además, AMEDI insta al Poder Judicial a suspender el acto de la Cofeco porque esta entidad no cuenta con las atribuciones legales ni con los recursos económicos y humanos requeridos para verificar que Iusacell y las empresas de Grupo Televisa y de Grupo Salinas cumplan las condiciones impuestas para autorizar la transacción.

Con esa aprobación Cofeco “configuró un monopolio convergente con la única intención de enfrentar al monopolio de las telecomunicaciones de este país, pero con ello no protegió el interés público ni el bienestar de los consumidores sólo el provecho privado de esas empresas”.

Frente a ese aval Calleja, dijo estar convencida de que “se requiere una reforma integral de los medios para garantizar esos derechos fundamentales”. En tanto, el abogado Agustín Ramírez integrante de AMEDI precisó que el amparo, “se fundamenta en la reforma constitucional de 2011; donde se indica que una asociación puede solicitar, a nombre de la sociedad, el amparo por el interés legítimo de reclamar la protección de derechos fundamentales”.

El Juzgado Décimo Tercero admitió la demanda de amparo pero rechazó suspender de oficio el acto reclamado, por lo que la AMEDI promovió ante la instancia superior del Poder Judicial en materia administrativa, es decir, ante un Tribunal Colegiado del Distrito Federal, la revisión de la negativa de suspender la resolución de la Cofeco.

La admisión del amparo, dijo, es un paso muy importante porque reconoce el ejercicio de la figura del “interés legítimo” que permite a una asociación reclamar la afectación de derechos fundamentales. Indicó que ahora la Cofeco deberá rendir ante el juzgado un informe que explique las causas que motivaron su decisión de aprobar la concentración condicionada de Televisa-Iusacell. Además, que los terceros que se sientan afectados, en este caso las empresas de Grupo Salinas y Grupo Televisa, deberán remitir al juzgado sus argumentos en defensa del acto de la autoridad. Ramírez adelantó que el 16 de agosto se programó la audiencia constitucional del caso, ocasión en la que la jueza revisará los documentos que aporten las partes.

En el evento informativo que convocó la AMEDI, estuvo presente la diputada electa del PRD, Purificación Carpinteyro quien expresó su apoyo incondicional a la solicitud de amparo. Asimismo, dijo que la preocupación –ante la fusión- es estructural por el poder de las televisoras en la política y el apoyo que abiertamente han recibido de la actual administración federal. Carpinteyro señaló que “el peligro de la operación de compra fue reconocido por la propia autoridad desde enero” y que la gravedad del asunto es que dichas empresas controlan el 95 por ciento del mercado de la televisión comercial en México.

Aprovechó el foro para pedir a la dirigencia del PRD su apoyo para que ella sea la próxima presidenta de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, controlada en las dos últimas legislaturas por el Partido Verde.

Por su parte, el senador electo por el PAN Javier Corral mencionó que la fusión Televisa-Iusacell viola la Constitución en los artículos 6 y 7, en materia de libertad de expresión e información y el 28 en materia de monopolios. Destacó que es un imperativo “detener la decisión de la Comisión Federal de Competencia para evitar que se configuren derechos adquiridos.” Corral destacó que se debe constituir en la nueva legislatura “un grupo que detenga a los diputados y senadores afines a las televisoras.” Para ello, indicó  será muy trascendente la definición de las comisiones de radio y televisión, “ya que será un termómetro para medir si Peña Nieto será un representante de las televisoras o un verdadero titular y jefe del Ejecutivo”.

El 7 abril de 2011 Televisa solicitó a la Cofeco autorización para adquirir 50% de las acciones de Iusacell, compañía de telefonía móvil filial del Grupo Salinas. La Cofeco en una resolución del 25 de enero de 2012, calificada por analistas y expertos como ejemplar, rechazó la concentración de estas empresas por considerar que había riesgo de colusión en los mercados relacionados de televisión abierta, televisión restringida y publicidad.

Iusacell y Televisa presentaron el 14 y 15 de marzo de 2012 recursos de reconsideración a la resolución de la Cofeco. El pasado 6 de junio el pleno de la Cofeco aprobó por 4 votos a favor y uno en contra (del Comisionado Miguel Flores Bernés) la concentración Iusacell-Televisa condicionada al cumplimiento de 12 condiciones que incluyen la administración separada de Iusacell, la venta separada de paquetes de canales de televisión abierta y restringida, trato no discriminatorio en la venta de publicidad y la exitosa licitación de una tercera cadena de televisión abierta nacional. A juicio de especialistas, entre ellos los de AMEDI, esas condiciones no diluyen el riesgo de colusión en los mercados, por eso el amparo y la solicitud de suspender la concentración. (Redacción)