Aleida Calleja

Si bien los radiodifusores tuvieron siempre privilegios frente a los gobiernos priistas, gracias a la perversa relación de mutuos favores con el poder político, su margen de acción era acotado ante un sistema autoritario que mantenía un férreo control informativo que no daba cabida al disenso y mucho menos a la oposición.

Las diversas luchas que emanaron de la sociedad permitió poco a poco abrir brecha para el acceso a la información, sin embargo, no fue hasta que se empezó a escindir camino en la democracia electoral, que las demandas para abrir la radio y la televisión fueron cada vez más fuertes. La llegada del nuevo siglo trajo consigo la alternancia en el poder y, mediante el llamado voto útil, el Partido Acción Nacional (PAN) con su mediático candidato Vicente Fox Quesada, en el 2000 logró finalmente sacar de los Pinos al PRI después de 70 años en el poder. Durante ese proceso, organizaciones civiles habían concretado una agenda pendiente de cambios necesarios para fortalecer la democracia, y entre los puntos relevantes estaba una nueva ley de medios de comunicación para romper con el indebido control de los medios y que éstos estuvieran al servicio de la sociedad.

Esperanzas truncadas

Una luz al final del túnel se veía para aquellos movimientos que pugnaban por el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el pluralismo, como las radios comunitarias que durante décadas fueron perseguidas y reprimidas. Atendiendo a esa esperanza, diversos actores de la sociedad acudieron al llamado de la Secretaría de Gobernación a cargo de Santiago Creel, para participar en la denominada “Mesa de Diálogo para la Reforma Integral del Marco Jurídico de los Medios Electrónicos” que se instaló el 5 de marzo de 2001, en la que participaban todos los actores involucrados: legislativo, gobierno, sociedad y concesionarios de los medios.

Ese proceso culminó 18 meses después, en un rompimiento ampliamente denunciado por las organizaciones ante lo que se conoce como “el decretazo” el 10 de octubre de 2002, donde, pasando por encima de los acuerdos y los diálogos, Fox echó por la borda todo el trabajo con un decreto que reducía los tiempos fiscales del Estado en los medios (el famoso 12.5 por ciento reducido a un 1.25), y supuestamente aseguraba el derecho de réplica, que como todos sabemos resultó un derecho de pacotilla por su inoperancia para hacerlo realidad.

El decreto fue la expresión del comienzo del drástico viraje en la relación entre el poder político y el poder mediático; de ahí en adelante, la clase política de nuestro país fue capturada y, a través de los gobiernos panistas, las televisoras adquirieron una prebenda tras otra hasta convertirse en el poder fáctico que son ahora. La imagen más sugerente de la claudicación del Estado como rector de los derechos informativos y los medios es la foto de Bernardo Gómez, en aquel entonces Vicepresidente de Televisa, besándole la mano a Marta Sahagún mientras celebraban en un acto público los “beneficios” del decreto.

En adelante, fue imparable la estrategia de Televisa (Tv Azteca ha sido en todo caso sólo una comparsa) para doblegar a la clase política a través de chantajes y presiones indebidas, una clase política que por miedo a ser desaparecida o linchada en las pantallas de la televisión, por obtener los favores de las televisoras simplemente se ciñó a ellas. En esta retorcida relación, han participado todos los partidos políticos, baste recordar la aprobación fast track de las reformas a las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones, mejor conocidas como la “Ley Televisa” que mucho calificamos como un atraco al Estado, aprobada por todos los partidos en el Congreso en el 2005, y Fox alegremente la publicó en abril de 2006. Reformas aprobadas por la promesa de las televisoras a todos los candidatos en aquel entonces, de que tendrían todo su apoyo para llegar a la presidencia; todos la creyeron, y por eso todas sus bancadas en el Congreso las aprobaron sin chistar.

Gracias a un reducido número de legisladores, encabezados por Javier Corral, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara como inconstitucionales sus principales artículos; sin embargo, ante la presión de las televisoras, el Congreso postergó por años las reformas emanadas de la sentencia de la Corte, en una omisión que no tiene justificación alguna.

El 2006 llegó con una crisis político electoral en la que para muchos fue muy clara la inequidad propiciada por los medios electrónicos; el escandaloso dispendio de recursos públicos, que fueron a parar a las arcas de las televisoras vía la propaganda partidista, fue uno de los motivos que originó la reforma electoral de 2007, que les quitó a los medios las jugosas ganancias, para pasar a un modelo de comunicación político electoral con utilización exclusiva de los tiempos de Estado para la propaganda de los partidos políticos.

La furia con la reaccionaron los concesionarios privados de la radio y la televisión, mostrada en cadena nacional con los reclamos airados de sus principales conductores estrella increpando a los legisladores, marcó un momento interesante en el que muchos creímos que finalmente el poder político se había repuesto frente al poder fáctico de las televisoras. El tiempo nos demostró que no solamente eso había sido una falsa percepción, sino que hasta los mismos partidos que la habían aprobado la dejaron huérfana, haciéndose eco de la estrategia de los concesionarios para descalificarla por ser violatoria de la libertad de expresión.

El gobierno de Felipe Calderón, que arribó al poder con una seria crisis de legitimidad, y su posterior guerra contra el narcotráfico, fue el ambiente propicio para necesitar del favor de las televisoras; y resultó ser el presidente más obsequioso, el más débil frente a su poder, quien por la vía de los hechos hizo realidad la “Ley Televisa” y hasta más.

Teniendo todas las condiciones para impulsar una reforma integral de la ley de medios y una política pública de Estado por la sentencia de la SCJN, fue el sexenio perdido para las telecomunicaciones y la radiodifusión. Como mera anécdota quedó su promesa de garantizar las tres C (convergencia, cobertura y competencia), refrendó cientos de concesiones violando el criterio de la Corte, se convirtió en el cabildero de las televisoras ante el Congreso para que les exentaran impuestos, incumplió su palabra ante el PRI y el PRD para impulsar una nueva ley de medios, aplazó hasta lo último de su mandato la tercera cadena nacional de televisión y, de manera indebida, injirió en los órganos reguladores para que sus actos fueran en beneficio de los intereses de las televisoras. La cereza en el pastel fue la reciente aprobación de la concentración Iusacell- Televisa, que significa la mayor concentración de recursos comunicacionales como nunca en la historia de este país. Su postración frente a las televisoras contrasta con el rotundo apoyo que éstas dieron para la construcción del que ahora es el virtual candidato ganador a la presidencia, Enrique Peña Nieto.

El siguiente es un listado de los diez principales favores gubernamentales panistas en los últimos 12 años:

El “decretazo” del 10 de octubre de 2002, que redujo de 12.5 a 1.25 por ciento el tiempo que los medios electrónicos otorgan en especie al Estado mexicano. A partir del año siguiente se disparó de manera exponencial el gasto público en comunicación social, cuyas principales beneficiarias son precisamente las televisoras privadas.

La toma de las instalaciones de CNI Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite por parte de un comando armado enviado por Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca, el 27 de diciembre de 2002. Desde entonces, el empresario se hizo de un canal adicional de cobertura local de manera ilegal, sin que hasta el momento la autoridad haya actuado conforme a derecho.

El acuerdo de adopción del estándar tecnológico ATSC/53, la política de transición a la Televisión Digital Terrestre y el modelo de multiprogramación, promulgado en 2004 por Vicente Fox, mismo que no promueve la pluralidad. En este mismo acuerdo, se refrendaron las frecuencias de las televisoras hasta 2021 sin el pago de una contraprestación. Con esta multiprogramación, las señales de Televisa y Tv Azteca se podrán multiplicar hasta por seis.

La aprobación unánime por 327 votos y en sólo siete minutos, el 1 de diciembre de 2005, de la llamada “Ley Televisa”, y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2006. La televisora incluía, entre otros artículos perniciosos como el 28, la posibilidad de que sólo las empresas de radiodifusión pudieran ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones sin necesidad de una licitación. Aunque esta iniciativa fue desmontada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones permaneció intocado y, por lo tanto, a favor de las televisoras.

El Acuerdo de Convergencia de 2006, que permite a los operadores de televisión y audio restringidos a ofertar telefonía (Televisa concentra 53 por ciento del total de suscriptores de televisión de paga).

Diversas autorizaciones por parte de la Comisión Federal de Competencia para que Televisa pudiera adquirir porcentajes mayoritarios de empresas de cable como Cablemás, Televisión Internacional (TVI), permitiéndole una concentración de más del 50 por ciento del mercado, sin que hasta el momento se le haya declarado dominante.

La resolución de la Cofeco que autoriza la comercialización de señales de televisión abierta para sus competidores, definidas en la Ley Federal de Radio y Televisión como libres y gratuitas. No existe en la ley la obligación del must offer y must carry y esa circunstancia beneficia una vez más a las televisoras y afecta seriamente la competencia para otros jugadores más pequeños.

El otorgamiento (10 de junio de 2010) al grupo de inversionistas, integrado por Televisa, Telefónica y Megacable, de un par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, por la irrisoria cantidad de 884 millones de pesos. Han pasado dos años y todavía no iluminan ni operan esa infraestructura básica, que se concesionó a bajo costo para fomentar la competencia y la inversión en el mercado de las telecomunicaciones. La Auditoria Superior de la Federación, en su informe de 2011 al Congreso, determinó como un daño patrimonial a la nación por el irrisorio precio con el que se ganó la licitación y el procedimiento mismo.

La asignación de un bloque de 30 Mhz a la alianza Televisa-Nextel a precio de ganga, 180.3 millones de pesos, cuando los otros competidores pagaron más de 5 mil millones de pesos por un bloque similar del espectro radioeléctrico en la polémica licitación 21. Aunque fue la propia Televisa la que rompió el acuerdo comercial con Nextel, la autoridad no dejó de otorgar los títulos de concesión cuando todavía estaban aliadas ambas empresas.

La falta de compromiso para impulsar una legislación integral en radiodifusión y telecomunicaciones. El PAN –secundado por otros partidos en ambas cámaras del Congreso– presentó la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el esfuerzo más acabado por reformar el régimen legal en esta materia. Sin embargo, el alejamiento del gobierno y su partido para sacar adelante su propia iniciativa fue absoluto.

Los gobiernos panistas, primero con Fox y después con Calderón, otorgaron las mejores condiciones para que las empresas televisoras se empoderaran al nivel que tenemos ahora; el despilfarro del poder político que tuvieron se retrata con la debacle de ese partido en este proceso electoral, pero no fueron los únicos, el resto de las fuerzas políticas también lo permitieron, baste recordar la iniciativa del Diputado Armando Ríos Piter del PRD, en abril pasado, para reformar la ley en la materia para beneficiar a las televisoras, utilizando como ariete el supuesto reconocimiento a los medios indígenas o bien la vergüenza de la integración de la “Telebancada” en el Congreso por el PRI-PVEM, principalmente.

La recomposición del poder político requiere de transformar esta perversa relación con los medios, no es fácil con un presidente emanado de las televisoras; sin embargo, la irrupción del movimiento #YoSoy132 junto con otros actores de la sociedad y un Congreso con la izquierda como segunda fuerza, son factores a tomar en cuenta para las nuevas batallas por la lucha de la democracia, el derecho a la información y en contra de esta grosera y magnificada concentración mediática que nos dejaron como herencia los apenas dos sexenios de gobiernos del PAN.

Aleida Calleja

@callejag

CITAS- ENTRESACADOS

1.- Calderón resultó ser el presidente más obsequioso, el más débil frente a su poder, quien por la vía de los hechos hizo realidad la “Ley Televisa” y hasta más.

2.- La recomposición del poder político requiere de transformar esta perversa relación con los medios, no es fácil con un presidente emanado de las televisoras