¿Cuál es la talla moral y ética de Isabel Miranda, quien ante los ojos del mundo miente al rechazar haber sido fichada y recluida, no obstante evidencias perio­dísticas y testimoniales recuperadas por Proceso?, señala nuestro analista José Reveles, quien adelanta que si la candidata panista a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cumple su amenaza de demandar al semanario por esa infor­mación, podría lograr un nuevo revés, ahora por falsedad de declaraciones.Pero Reveles rescata una hipótesis inquietante, que en su opinión no ha sido debidamente esclarecida, relacionada con el “presunto” secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace, hijo de la aspirante de Acción Nacional, cuyo cuerpo “nunca ha aparecido”. Una historia de prepotencia y verdades a medias, agrega.  

José Reveles 

“Nos engañó con la ver­dad”, cuenta la his­toria que dijeron, en más de una ocasión, algunos de los suspirantes eliminados de la candidatura oficial, cuando el gran elector era el “dedazo” presidencial durante los regímenes priistas. Para ese y otros menes­teres menores, el ingenio mexicano ha descubierto muchas maneras de men­tir. Una de las más soco­rridas es dejar correr solo una parte de la verdad, aquélla que más conviene a políticos y funcionarios para capturar a la opinión pública y para que esa porción de verdad se instale en la percepción social como el mensaje definitivo y definitorio. Eso, ni más ni menos, hizo la pro­curaduría capitalina para beneficiar a la señora María Isabel Miranda de Wallace después que la revista Proceso publicó como portada del 8 de abril (número 1849) la ficha sig­nalética de la hoy candidata panis­ta al gobierno del Distrito Federal, que le fue tomada en julio de 1998, después de ser consignada por ho­micidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares. “Yo la consigné al Reclusorio Nor­te”, me dice sin rodeos el ex fiscal de la procuraduría adscrito en Tlalpan en la época, Salomón Baltazar (lue­go fue subprocurador capitalino). El corte infligido con un cúter a las mangue­ras de una grúa que operaba mediante un sistema hidráulico, casi provoca la caída al vacío del trabajador que estaba en las al­turas, en la punta de la escalera, rumbo al anuncio espectacular propiedad de la seño­ra Wallace, que estaba a punto de ser des­montado por orden de las autoridades dele­gacionales de Tlalpan. Lo anterior ocurrió después de horas de negociación, cuando supuestamente la enton­ces presidenta de la Asociación de Publicidad en Exteriores ya había aceptado que se retirara el gigan­tesco anuncio.Pero la candidata Wallace —a quien ningún dirigente panista acompañó en su respuesta mediá­tica— ofreció una rueda de prensa para decir que nunca ha sido fichada y que la imagen que apareció en la portada de Proceso fue foto-montaje, medio al cual dijo que demandaría. Insistió en lo que parecía su princi­pal argumento: que la estatura con la que aparece en la regleta supera con varios centímetros su altura real, de apenas un metro y 60 centímetros. E inclusive hizo un show midiéndose ante los periodistas.Las regletas o reglillas nunca son exactas. El registro de la estatura depende del buen estado y coloca­ción del instrumento medidor o si la persona está recargada en la pared o se presenta separada con alguna distancia. Se vio en el caso de Mario Aburto Martínez, cuando fue deteni­do en marzo de 1994 como asesino material de Luis Donaldo Colosio, pues esa misma persona aparecía con tres estaturas diferentes; en unos casos peinado, en otros con el pelo hirsuto y el cuero cabelludo sangrante; en estas fotos con su ropa original y en las del penal ya baña­do, peinado y con uniforme beige, sin huella aparente de la herida en la cabeza. 

Efecto luminol exhibe a Wallace 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), perte­neciente a un gobierno perredista, le echó un lazo en apariencia sal­vador a la aspirante panista a go­bernar la ciudad, cuando emitió un comunicado-desmentido que a la letra dice:“Con base en la información publicada en diversos medios de comunicación y después de una exhaustiva investigación en las bases de datos y registros con que cuenta esta institución, la PGJDF informa que la ciudadana Isabel Miranda de Wallace o María Isa­bel Miranda Torres de Wallace no cuenta con antecedentes penales, según información registral en los sistemas institucionales”. Lo que no dijo la PGJDF es que el fichaje en el reclusorio podría estar perfecta­mente localizable en los archivos de la Secretaría General de Gobier­no, de la cual dependen todas las cárceles capitalinas. Si la señora Miranda de Wallace cumpliere su amenaza de demandar penalmen­te al semanario Proceso, correría el riesgo de que se le revierta el delito de falsedad en declaraciones. Para desgracia de la aspirante panista a gobernar el Distrito Federal, la portada del semanario tuvo la vir­tud del luminol y de los trazadores infrarrojos que muestran lo que el ojo humano es incapaz de detectar. En efecto, la reproducción de la ficha y el texto sacaron a relucir el talante falsario de varios actores de una vieja historia de prepoten­cia, cuyos protagonistas fueron Isa­bel Miranda y su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, presuntamente secuestrado, presuntamente asesi­nado y presuntamente cortado en cachitos en julio de 2005. Y recalco el adverbio “presuntamente”, por­que hasta hoy no aparece el cuerpo entero y ni uno sólo de sus huesos o miembros supuestamente cer­cenados y tampoco hay evidencia material de su muerte -más allá de las confesiones bajo torturas extremas- de algunos de los seis detenidos (cuatro hombres y dos mujeres) que están en prisión, al­gunos condenados y otros en espe­ra de sentencia. Lo insólito de este caso es que existe un dictamen forense —emi­tido por el perito en criminalística Eladio García Torres— que determi­na las posibles causas de la muerte respecto de un cuerpo, el de Hugo Alberto, que nunca ha aparecido (ni entero ni en pedazos), sino sólo ba­sándose en una fotografía de origen sospechoso: “Presenta indicios que en materia de criminalística corresponden en contusiones simples y complejas, así como presenta indicios de estrangu­lación manual y de compresión to­rácico abdominal”. Finalmente los peritos determinaron que Hugo Al­berto murió por “schock hipovolémi­co” (¡¡!!) sin cadáver a la vista.Todo lo anterior se concluyó de una fotografía, en blanco y negro, que los principales acusados con­fiesan que fue tomada por Brenda Quevedo Cruz con su celular y luego “arreglada” en computadora, para fingir que el hijo de Wallace estaba vivo y extorsionarla con una imagen falsificada. Pero resulta que después el doctor Sergio Nanni Argüelles, perito en criminalística, firmó un examen en el que afirma que “en relación al teléfono celular asegura­do, marca Motorola, modelo V300… no es posible obtener imágenes fo­tográficas nítidas y precisas, ya que su resolución es baja, por lo que al querer ampliar una imagen, ésta se observará completamente in­distinguible; los primeros planos, así como la profundidad de campo no se distinguirán y la imagen será completamente distorsionada”. En conclusión, esa foto, exhibida como trofeo por la señora Miranda de Wallace un año y siete meses des­pués que fue incautado el CPU de la computadora en la que presun­tamente estaba registrada (todo ese tiempo en manos de la SIEDO y no de un juez), resultó que forzo­samente tuvo que ser tomada con una cámara fija y no con un celular como afirman las confesiones de los inculpados. Otra inconsistencia: la sierra eléctrica marca Black & Decker con la que según las confesiones de al­gunos de los detenidos fue descuar­tizado el joven Wallace habría sido adquirida en un Wall Mart de Satéli­te a las 2:48 horas del 12 de julio, se­gún nota de compra presentada por Isabel Miranda como prueba. Pero en la confesión bajo tortura de Juana Hilda González Lomelí y otros impli­cados, se asienta que la adquisición debió haber ocurrido forzosamente entre las 4:00 y las 5:00 AM cuando varios de los implicados salieron a comprarla desde el departamento 4 de las calles de Perugino número 6, por los rumbos de Extremadura e Insurgentes Sur. Sería hasta des­pués de esa hora cuando se habrían dedicado a destazar a Hugo Alber­to, de acuerdo con la versión oficial promovida por la señora Wallace, cuyo poder sobre agentes federales, ministerios públicos, jueces, Procu­raduría de la República y Secretaría de Seguridad Pública Federal es evi­dente, pues se da el lujo de organizar e ir al frente de operativos, sacar con­fesiones a la fuerza, hacer cambiar de cárcel a los detenidos, presenciar torturas e intentar sembrar eviden­cias en terrenos seleccionados, que incluyen osamentas humanas. Todo consta en expedientes. De igual forma, existe el expe­diente en el cual se asienta el en­carcelamiento por varios días de la señora Miranda de Wallace en la averiguación previa AP 52-3342/98- 07 consignada al juzgado décimo segundo penal del DF en el Recluso­rio Norte, el cual en la época estaba a cargo de Joel Blanno García. Ya desde hace 14 años el aboga­do de la señora Wallace era Ricardo Martínez Chávez, quien logró que su clienta fuera exonerada en octu­bre de 1998 por la Novena Sala Penal capitalina. Martínez Chávez trabajó después en la PGR a cargo del área de secuestros, pero hasta hoy continúa a las órdenes de la candidata panista. Ella alega baja estatura física –un metro con sesenta centímetros-para engañar a la sociedad diciendo que no fue fichada por la autoridad. Finalmente le asiste cierta razón, porque en su intento de desmenti­do mostró tener muy pequeña esta­tura moral.  

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