La coartada que utilizó el diputado con licencia del PRD, Armando Ríos Piter para adicionar la Ley Federal de Radio y Televisión y así favorecer al poder fáctico de la televisión y la radio concesionada, resultó fallida. Su propio compañero de partido, Guadalupe Acosta Naranjo ordenó congelar el dictamen ya aprobado, y regresarlo a la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. El legislador, nos dice el Dr. Raúl Trejo, se prestó como instrumento para realizar ese cambio.En el presente análisis, nuestro colaborador advierte que los empresarios de la radiodifusión no pierden oportunidad para sabotear la reforma electoral de 2007, para favorecer sus intereses, ahora el vehículo fue Ríos Piter, que bus­ca ser senador por Guerrero. 

Raúl Trejo Delarbre 

El jueves 12 de abril, la Cá­mara de Diputados apro­bó, con 244 votos a favor y sólo cuatro en contra, un paquete de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que permitía a las televisoras eludir al­gunas de sus obligaciones para la transmisión de spots de campañas electorales. El jueves 19 de abril, esa misma Cámara canceló aquella decisión: encontró que la reforma era anticonstitucional y devolvió el dictamen a la Comisión de Ra­dio y Televisión. Se trata de una rectificación pertinente pero que forma parte de un proceso irregular, originado en un desplante de los consorcios de televisión. El diputa­do Armando Ríos Piter, a la sazón coordinador del Grupo Parlamenta­rio del PRD, fue el instrumento de las televisoras para promover esa reforma. Luego, todos los grupos parlamentarios la aprobaron sin si­quiera haberla discutido. 

Bloqueos, regateados 

Semanas antes, el 22 de marzo de 2012, el diputado Ríos Piter había presentado, a nombre de los legis­ladores del PRD, esa iniciativa para reformar varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión. El propósito de tales modificaciones era permitir que los consorcios de medios electrónicos esquivaran la obligación que les impone la Constitución y la ley electoral para transmitir mensajes de campañas locales. Sin embargo, la iniciati­va fue presentada con un disfraz de apariencia meritoria. Allí se in­cluían disposiciones para reconocer a las radiodifusoras indígenas y para que los medios de comunicación promuevan “la alimentación nutri­tiva”. Se trataba en ambos casos, de afirmaciones que no tenían impli­caciones legales y que por ello care­cían de importancia.El deber de los concesionarios para transmitir mensajes políticos de los partidos en cada localidad ya había sido regateado por Televisa y Tv Azteca. En marzo anterior, dichas empresas rechazaron las pautas elaboradas por el Instituto Federal Electoral para la difusión de los mensajes de los partidos, y de las mismas autoridades electorales, du­rante las campañas rumbo a los co­micios de julio. En la actual temporada electo­ral, igual que sucedió en las cam­pañas de 2009, todas las estaciones de radio y televisión del país están obligadas a transmitir los spots que disponga el IFE dentro de los 48 minutos diarios que cada emisora debe reservar para tales propósitos. Los partidos pueden solicitar que se transmitan mensajes de carácter nacional como los que promueven a los candidatos presidenciales, pero también tienen derecho a requerir que se difundan spots destinados a campañas por una circunscripción electoral, un estado, un distrito o un municipio específicos.Esa posibilidad para alternar mensajes nacionales con otros de alcance local o regional, obliga al IFE a preparar pautas muy detalladas donde establece qué spots habrá de difundirse cada hora, cada día y durante todos los días de campaña. Las empresas de televisión privada alegaron que no cuentan con sufi­cientes recursos técnicos para inte­rrumpir la programación nacional y reemplazarla, durante unos minu­tos, por los mensajes de campañas políticas locales. No obstante que tanto Televisa como Tv Azteca ven­den publicidad comercial que puede ser insertada en una sola o en unas cuantas de sus repetidoras en todo el país, a menudo sostienen que los “bloqueos” a las señales naciona­les no pueden realizarlos en todas sus frecuencias.En diciembre de 2011, el Tribunal Federal Electoral había dispuesto que podría haber excepciones a esa obli­gación de las televisoras cuando las empresas demuestren incapacidad técnica para efectuar los bloqueos. Por eso el IFE, a fines de febrero ya en 2012, resolvió que los bloqueos serían obligatorios en 134 de las 225 estaciones registradas como propie­dad de Televisa, y en 141 de las 179 estaciones que difunden señales de Tv Azteca. Hasta entonces, los blo­queos funcionaban en 117 estacio­nes de Televisa y 139 de Tv Azteca.El IFE acordó también un ultimá­tum a las televisoras. Todas sus re­petidoras, en todo el país, deberían estar habilitadas para hacer blo­queos locales que permitieran inser­tar mensajes en la programación de las cadenas nacionales a más tardar el 31 de diciembre de 2012. A partir del primer día del año siguiente, no habría dispensa para esa obligación de la televisión privada. 

Retórica engañosa 

Las televisoras acataron momentá­neamente la decisión del IFE pero se pusieron a trabajar para vetarla con otros mecanismos. Fue entonces cuando impulsaron las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que serían presentadas por el coor­dinador de los diputados del PRD. La exposición de motivos de aquella iniciativa estaba repleta de palabrería políticamente adecua­da: el papel de los medios para “la paz verdadera”, “la integridad cul­tural de los pueblos”, el “cuidado al medio ambiente” y “la diversidad cultural indígena”, eran pondera­dos en dos cuartillas para justificar la modificación de varios artículos de la Ley Federal que establecían un procedimiento para que las comuni­dades indígenas obtengan permisos de radiodifusión.Ese procedimiento no implica­ba ventaja alguna respecto del que existe en la legislación vigente. In­cluso, imponía a los grupos indíge­nas un requisito nuevo al obligarlas a recabar del gobierno federal una constancia que los acredite como comunidades o pueblos indígenas.La iniciativa del diputado Ríos Pi­ter no mencionó en su exposición de motivos una sola frase acerca de las reformas, en dos párrafos de la Ley Federal de Radio y Televisión, con los que se pretendía dar rango formal a las cadenas de estaciones y exentarlas de la difusión de men­sajes electorales de carácter local.Después de establecer un “Ar­tículo 49 Bis” para que dos o más estaciones puedan constituir una cadena regional o nacional, se crea­ba el “Artículo 79-B” que matizaba la obligación de difundir los men­sajes de campañas electorales. En las estaciones incorporadas a redes o cadenas, “se considerará cumpli­da la obligación de los concesio­narios y permisionarios de dichas estaciones al transmitir las pautas, programación o propaganda que las autoridades correspondientes en­treguen a la estación que haya sido designada como estación de origen conforme al artículo 49 Bis”.La estación de origen es aquélla en donde se produce la señal que repli­can las emisoras que forman parte de tal cadena. Con esas modificaciones, las televisoras y radiodifusoras que transmiten programación originada en una estación matriz dejaban de estar constreñidas a interrumpir las transmisiones nacionales para dar paso a los mensajes de campañas locales o dirigidos a los ciudadanos de una localidad específica.La propuesta de Ríos Piter fue dictaminada en cinco días por la Comisión de Radio, Televisión y Ci­nematografía, con una celeridad de la cual no se han beneficiado otras propuestas. En la información pro­porcionada por la Cámara de Dipu­tados, hay registro de 39 iniciativas de reforma legal turnadas desde 2009 a esa Comisión. De ellas, ocho han sido desechadas y sólo una ha sido aprobada —se trata de la ini­ciativa de Ríos Piter en defensa de las televisoras—. De las 39 propues­tas de reformas legales, hay 30 que están pendientes de estudio en esa Comisión. La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía está presidida por el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde, conocido por su identificación con intereses de Televisa y que ahora es candida­to a Senador.  

Zanahoria y ensayo 

El dictamen que elaboró esa Comi­sión con tan inusitada celeridad –y sin que se conozcan registros de que en realidad haya sesionado– ratificó la propuesta de Ríos Piter y aderezó la exposición de motivos con más declaraciones de intención en apa­riencia loables: que “las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos”; “abatir los estereo­tipos que fomenten la discrimina­ción y la violencia”; “integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional”; “promover una nutrición balanceada para todo mundo debe ser una prioridad de primer orden”. Para alcanzar esa meta, la ini­ciativa original había incorporado entre los propósitos de la radiodi­fusión “promover una alimentación nutritiva y equilibrada”. Sin preci­siones, ni medidas específicas, ésa no pasaba de ser una frase hueca. Las alusiones a las radios indíge­nas y a la nutrición adecuada eran, como dijo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, “la zanahoria delante del garrote”. No tenían implicación práctica y única­mente servían para enmascarar la creación de cadenas con las cuales los radiodifusores le darían vuelta a la ley electoral. Pero en ese afán, como la mis­ma AMEDI manifestó, el garrotazo se lo propinaban los partidos a sí mismos. La ausencia de spots de campañas locales, o destinados a electores en ciudades y regiones es­pecíficas, únicamente perjudicaba a los partidos políticos. A la postre, como también se dijo, la inopinada anuencia a esas modificaciones, el 19 de abril, significaba el comien­zo de la contrarreforma electoral. Desde que en septiembre de 2007 el Congreso aprobó la reforma consti­tucional en materia electoral, las te­levisoras se propusieron sabotearla, desatenderla, desacreditarla y re­vertirla según pudieran. La decisión del 19 de abril fue un ensayo para una contrarreforma de mayor alcance, comenzando por la operación política que consiguió que los diputados de un partido en apariencia comprometido con la re­forma de los medios, como ha sido el PRD, no sólo respaldaran sino, antes, presentaran como suya esa iniciativa legal.Unos 244 diputados, de todos los partidos, aprobaron esas modifica­ciones a la Ley de Radio y Televisión. Se opusieron cuatro: Leticia Queza­da Contreras y Ramón Jiménez Ló­pez, del PRD, así como Ifigenia Mar­tínez Hernández y Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.Antes de la votación sólo hubo dos breves intervenciones. Una, del propio Cárdenas Gracia, para opo­nerse a la iniciativa y señalar que se contradecía con la reforma electo­ral. Otra, del diputado Mario Alberto Di Constanzo que la respaldó aun­que no dijo una sola palabra acerca de su contenido. 

“Deficiencias técnicas” 

Los diputados que la respaldaron de manera inicial restaron importancia a los cuestionamientos a esa refor­ma. El 13 de abril el diputado Fran­cisco Rojas, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, descalificó las explicaciones que ya circulaban acerca de tales modificaciones le­gales diciendo que únicamente se trataba de cambios a favor de las ra­dios comunitarias. “Son ganas de ver moros con tranchete”, dijo. Pero esas implicaciones fueron advertidas en otros partidos, incluyendo el suyo. El diputado Rojas estaba tan desin­formado acerca de la reforma que él mismo votó, que no se dio cuenta que no se refería a las radiodifusoras comunitarias sino únicamente a las de carácter indígena. O quería en­gañar a quienes pedían explicacio­nes, anteponiendo la mampara que escondía las consecuencias reales de tales ajustes a la Ley.La iniciativa tendría que haber pasado de inmediato a la Cámara de Senadores. El miércoles 18 de abril, el senador Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, informó que aún no la recibía pero que, de llegar, ya no habría tiempo para desaho­garla en ese periodo de sesiones. Al día siguiente, al comenzar la sesión en San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Guada­lupe Acosta Naranjo, anunció que la iniciativa aprobada la semana anterior había sido motivo de una “revisión”, tras la cual se encontró que padecía “serias deficiencias téc­nicas”. La más relevante era que se contradecía con una disposición del Artículo 105 Constitucional, según la cual no puede haber reformas a las leyes electorales durante el transcurso de procesos electorales. Con ese argumento, la iniciativa fue devuelta a la Comisión de Radio y Televisión.Ésa fue una coartada, legalmente forzada, para echar atrás una decisión que dentro de los propios partidos había ocasionado reclamos y disgus­tos. En rigor, no había contradicción con el Artículo 105 a menos que los legisladores hubieran considerado que las reformas tendrían efecto para el actual proceso electoral. De ser así, el abuso habría resultado mayor. En todo caso, la rectificación de los diputados truncó una reforma que aprovechaba a las radios indíge­nas como parapeto de los intereses de las televisoras. La noche del 19 de abril, el diputado Armando Ríos Piter –entonces ya de campaña para senador por Guerrero– consideró en un mensaje de Twitter: “Positiva de­cisión del pleno de la Cámara, por consenso de todos los grupos, de re­gresar a la Comisión, reformas a Ley Federal de Radio y Televisión”.En realidad no todos los gru­pos parlamentarios estuvieron de acuerdo. El Partido Verde manifestó que no le consultaron antes que el presidente de la Cámara propusie­ra la devolución de tal iniciativa a la Comisión que la dictaminó de ma­nera favorable. La concordancia del PVEM con las televisoras se ratifica a cada momento. Pero en forma habitual otros partidos mantienen distancia, a veces cosmética pero además en el plano de las decisiones políticas y jurídicas, respecto de Televisa y TV Azteca. La aprobación de una iniciativa que luego reconocerían como irre­gular e incluso anticonstitucional, fue un error que los partidos supie­ron enmendar: la sencillez con que respaldan medidas que convienen a las televisoras tendría que suscitar una preocupación mayor en la so­ciedad mexicana. 

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