Balbina Flores Martínez 

 

La ola delictiva y de impunidad que azota al país golpea de igual manera al gremio periodístico; pareciera que el país enfrenta una guerra a lo largo y ancho del territorio. En los cuatro años de administración calderonista fueron asesinados 39 periodistas y ocho más están desaparecidos. Las agresiones van más allá y se extienden a instalaciones de televisoras, estaciones de radio y periódicos con objeto de intimidar a la libertad de prensa. 

Un recuento (2007-2010) realizado por Reporteros Sin Fronteras registra 21 ataques a medios de comunicación y las cifras indican que esas agresiones se incrementan. Sólo en 2010 se contabilizaron 12 atentados, la mayoría de ellos en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa. De ese total, seis fueron en contra de filiales de Televisa; estas acciones delictivas constituyen una práctica cada vez más recurrente de grupos del narcotráfico, como estrategia para presionar y llamar la atención de políticos y funcionarios (veáse recuadro).

Las agresiones provocan temor y antocensura entre periodistas y las redacciones de esos medios. ¿Qué y cómo informar en estas condiciones? son las preguntas que se hacen. “Saben perfectamente que deben guardar silencio o no pasar por determinadas zonas donde se realiza algún operativo contra el narcotráfico”, comenta un avezado reportero quien pide el anonimato.

En la mayoría de estos ataques a medios y domicilios de periodistas está la mano del crimen organizado, aunque en tres casos se dejó ver la autoría de funcionarios o autoridades, particularmente de dos presidentes municipales y un comandante, hechos que se registraron en Oaxaca y Veracruz, donde el periodismo es más vulnerable frente a los poderes políticos y caciquiles. 

Todos estos ataques independientemente de la autoría, se cometieron en la noche o de madrugada. Los atacantes fueron personas armadas que se trasladan en vehículos, disparan contra el domicilio particular del periodista y/o lanzan granadas a las instalaciones del medio de comunicación; después huyen sin que sean detenidos. 

En la mayoría de los casos, las autoridades locales y federales intervienen en las indagatorias: acordonan el lugar, recaban la información de lo ocurrido y en ocasiones brindan algún tipo de seguridad temporal al medio; pero después no se vuelve a saber más de los avances de las investigaciones y muchos menos de los resultados. El mensaje a los autores de estos actos parecería ser ‘hagan lo que quieran al fin que no pasa nada’.

 

Afortunadamente, entre esos atentados no se han registrado pérdidas humanas, aunque sí han logrado la autocensura o el silencio de los comunicadores, como en Tamaulipas, donde los portales de los diarios ya no cubren información policiaca y se han dejado de publicar un 90.6 por ciento de las notas vinculadas con el narcotráfico, según el estudio de la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación MEPI, publicado en noviembre pasado, llamado “La nueva espiral del silencio”. 

Sobre el impacto de estas agresiones, MEPI también se refirió al impacto de la violencia en los diferentes medios en estados del norte del país como Nuevo León, donde señala “el crimen organizado ha logrado controlar esas zonas por medio de amenazas y ataques a periodistas y medios lo que ha impactado en la baja cobertura de información y las notas vinculadas con narcotráfico se ha reducido hasta en un 90.8 por ciento”, refiere la Fundación MEPI.

Con relación a los ataques a medios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, informó el 2 de enero en un boletín de prensa que ese organismo registró, “18 ataques contra instalaciones de medios en los últimos cinco años”. El ombudsman nacional ha deplorado en reiteradas ocasiones estas agresiones y ha pedido a las autoridades federales investigar y esclarecer estos atentados así como garantizar el trabajo de los comunicadores. 

Los registros de Reporteros sin Fronteras refieren que, en lo que va de este sexenio, se han realizado 21 ataques violentos en contra de instalaciones de medios y domicilios de periodistas, 12 de los cuales ocurrieron en 2010, uno de los años más violentos de este sexenio -admitió el propio Felipe Calderón en entrevista con Leon Krauze en W Radio el 6 de enero-.

Ante esta oleada de violencia contra medios y periodistas, las autoridades locales y federales, se han visto rebasadas por un amplio margen frente a las acciones del crimen organizado y reaccionan en el momento en que ocurren los hechos, pero hasta ahora no han diseñado alguna estrategia de prevención que permita evitar más ataques que dañen la infraestructura de los medios; sobre todo que generen temor en los trabajadores. La conclusión frente a esta situación -refiere una académica en Ciudad Juárez- es: “si le pasa eso a un periodista que está en un medio importante, nosotros qué podemos esperar”. 

 

En este contexto de violencia el 3 de noviembre de 2010 se firmó a nivel federal un Convenio para la protección de periodistas por parte de la Secretaría de Gobernación; “estos atentados deberían acelerar su puesta en marcha”, señaló posteriormente Reporteros sin Fronteras, en un comunicado el 12 de enero desde París, Francia. 

Pero a dos meses de haberse firmado el Convenio, y a un mes de haberse instalado el Comité Consultivo, se desconocen los lineamientos de operación y funcionamiento de éste instrumento gubernamental así como quiénes lo integran y cómo va a operar. 

Mientras la protección a la libertad de prensa y expresión es urgente, las instancias de gobierno que integran este Comité no pueden seguir retardan do sus acciones y tampoco deben ignorar -como lo han hecho hasta ahora- los aportes y participación de las organizaciones en este Comité; seguir por este camino no llevará a ningún resultado y la sociedad seguirá perdiendo uno de sus derechos fundamentales, el derecho a la información.

En lo que va de 2011 han sido atacados dos medios y no se ve que las cosas puedan cambiar a corto plazo; no mientras la ‘guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico’ siga el mismo rumbo, los grupos del narcotráfico continúen su estrategia de atacar a los medios, que cada vez más ceden al silencio, sin que tengan una iniciativa de estrategia común de protección y defensa. 

Los atentados al periódico El Norte, de Monterrey, y Televisa Piedras Negras, Coahuila, los primeros once días de enero indican que las condiciones para la cobertura periodística en estados como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila entre otros, son cada vez más difíciles. Los hechos que enseguida se narran, así lo indican:

“La una de la madrugada, la calle de la avenida Revolución, colonia Torremolinos de Monterrey, luce vacía, sólo el motor de uno que otro vehículo rompe el silencio”, narra alguien que pide omitir su nombre. “Una camioneta Trail Blazer gris, se acerca a las instalaciones del edificio que alberga al semanario La Silla, del periódico El Norte. De la camioneta gris, del lado del copiloto, desciende un hombre, da un paso, dispara en contra del edificio del periódico al tiempo que arroja una granada, la cual estalla en la base del lado derecho, rompe los cristales de la fachada y daña una jardinera. No hubo heridos, afortunadamente, pero sí daños materiales”.

Minutos después llegan al lugar elementos del Ejército Mexicano, de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos, que procedieron a resguardar el lugar e iniciaron las investigaciones. De los responsables hasta hoy no se sabe nada.

Ésta es la segunda ocasión que las instalaciones del periódico son atacadas de forma violenta: la primera vez fue el 20 de septiembre de 2010. El atentado al periódico El Norte, ocurre días después de que un grupo que se autodenomina “La Federación para vivir mejor”, envió un volante a diversos medios en Monterrey en el que anuncia una “limpieza” en los medios de comunicación.

Otro hecho similar ocurrió la madrugada del 9 de enero cuando dos granadas de fragmentación fueron lanzadas al edificio de Televisa, en Piedras Negras, Coahuila. Los artefactos estallaron y causaron daños materiales.