Con una inopinada contundencia la Suprema Corte puso al descubierto en un proyecto de sen­tencia, la escenificación del presunto rescate realizado en vivo por las televisoras del duopolio y la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones , realizado en 2005 y cuyas consecuencias tuvieron ”efecto corruptor”, que llevaron a que Florence Cassez fuera sentenciada a 60 años prisión. Un tema de genera enorme desprestigio nacional y a escala internacional al gobierno federal, y que sin embargo, advierte el analista Jenaro Villamil, es apenas la punta del iceberg, de una conducta que ha caracterizado a Genaro García Luna, protegido de Felipe Calderón.

Jenaro Villamil

Los cinco ministros de la Primera Sala de la Su­prema Corte de Justicia de la Nación coincidie­ron en el punto fundamental del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zal­dívar: hubo una “recreación ajena a la realidad” —un reality judicial en términos mediáticos— con relación a la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.

La parte central del proyecto del ministro Arturo Zal­dívar definió así el montaje:

“Florence Cassez fue expuesta repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisible en un sistema democrático de derechos y libertades. Nadie que hubiese visto la televisión ese día (9 de di­ciembre de 2005) y durante los meses siguientes, podría negar que tal espectáculo fue, para los miles y miles de ciudadanos que lo vieron y lo oyeron, el auténtico juicio de Cassez. Cualquier proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una mera formalidad”.

Para el ministro Zaldívar este espectáculo tuvo un efecto corruptor acerca del proceso:

“El hecho de que las autoridades orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el proceso porque, además de que la sociedad entera fue sugestionada, también lo fueron las personas invo­lucradas en el proceso, viciándose la fiabilidad de sus declaraciones.

“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el efecto corruptor imbuyó en todo el proceso penal, sobre todo en el material proba­torio incriminatorio, el cual es base de todo el proceso penal y que en este caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron parte de la esce­nificación ajena a la realidad y que pudieron verse in­fluidas por aquélla”.

Ésta fue la última parte de la sentencia que recha­zaron los otros tres ministros que votaron en contra de otorgarle el amparo a la ciudadana francesa; sin embargo, el ministro más reticente, Guillermo OrtizMayagoitia, admitió la existencia de la irregularidad en el montaje, pero “no pueden ser objeto de pronuncia­miento alguno”.

Incluso, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien votó en contra del proyecto del ministro Zaldívar admitió que “el simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje ¿o simulación?, me parece que es un acto reprobable, que debe ser sancionado en los términos de la ley y que, desde luego, deja mal parado este princi­pio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propicia­ron estas conductas”.

Por supuesto, esta fra­se demoledora del minis­tro Pardo Rebolledo no fue transmitida en los noticiarios de Televisa y de Tv Az­teca que cubrieron la deliberación de la Primera Sala. Los principales noticiarios de las dos televisoras sim­plemente ignoraron que el consenso real de los minis­tros fue su condena a los realitys judiciales.

A su vez, el ministro José Ramón Cossío condenó el mismo hecho. “La transmisión por parte de los medios, posterior al rescate de las víctimas resulta una demora injustificada en la puesta a disposición de la quejosa”, es decir, Florence Cassez. “Si bien dicha demora puede considerarse justificada para llevar a cabo el rescate, no ocurre lo mismo tratándose de la transmisión en los medios de una supuesta detención”, abundó el mi­nistro Cossío.

Ni hablar de la posición de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien apoyó en los términos fundamentales el proyecto de Zaldívar. Fueron los dos únicos ministros que consideraron que la serie de irregularidades en tor­no al proceso de Cassez eran lo suficientemente graves para aprobar el amparo.

Sánchez Cordero, quien será la responsable de re­dactar un nuevo proyecto de resolución aclaró que la Suprema Corte no juzgaba en relación con la inocencia o culpabilidad de ella, ni en torno a la afectación sufri­da por las víctimas, sino por las alteraciones en el debi­do proceso. “Una verdadera protección de los derechos de las víctimas pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados”, sentenció la ministra.

Los otros tres ministros -aun asumiendo la exis­tencia y la irregularidad del montaje- no se pronuncia­ron a favor del amparo solicitado por Cassez. Cossío pro­puso que el asunto fuera turnado al Tribunal Colegiado, que la sentenció en 2009 a 60 años de prisión, pero que no se tomara en cuenta la ampliación de declaracio­nes de dos de las víctimas del supuesto secuestro; este criterio particular puede convertirse en la llave para abrir la puerta de la cárcel a la ciudadana francesa.

En otras palabras, ‘el balón sigue en la cancha’ de la otra ministra que está a favor de otorgarle el amparo.

La punta del iceberg

Lo más significativo en la jornada de cobertura infor­mativa de este caso de alto impacto mediático, políti­co y diplomático fue cómo las dos grandes televisoras mexicanas —Televisa y Tv Azteca— simplemente mini­mizaron o ignoraron en forma abierta que el punto fun­damental no fue la liberación de Cassez sino el juicio unánime en contra del montaje mediático.

En contraste, las principales agencias informativas, televisoras francesas y medios impresos de ese país se trasladaron al nuestro, mostrando una clara predisposi­ción a favor de Cassez.

El nombre de Genaro García Luna simplemente no se pronunció en la cober­tura o en los editoriales del duopolio televisivo mexica­no, no obstante que —sin decirlo en forma explícita— los cinco ministros conde­naron de manera severa los reality judiciales.

Dos días antes de la jornada del miércoles 21 de mar­zo, el presidente de la República se involucró de lleno en el caso. Sin cuidar las formas ni el respeto a la división de poderes, Felipe Calderón pronunció el 19 de marzo una airada defensa a la posición oficial en el asunto. No necesitó pronunciar el nombre de Genaro García Luna. El titular de la SSP apareció a su lado en la inauguración de un penal de “ultra máxima seguridad” en Papantla, Veracruz.

Calderón hilvanó un discurso maniqueo en torno a la demanda de justicia. Para el primer mandatario, lo importante es la justicia para las víctimas y para una sociedad agraviada y humillada por los crimina­les, pero no consideró que la mentira o la recreación de los expedientes irregulares a través de la pantalla televisiva sea una violación flagrante a la justicia más elemental, que es el respeto al debido proceso.

Mediante su discurso, Calderón pasó a formar parte del reality judicial que durante 6 años se ha producido en torno al caso de la banda de los Zodiaco y la deten­ción de Cassez. En este reality, el guión dicta que las autoridades policíacas no se equivocaron al detener en el rancho “Las Chinitas” a la francesa y a su pareja Is­rael Vallarta. En este guión, Cassez es culpable porque así “se vio en la televisión” y porque tres instancias mi­nisteriales sostuvieron la condena a 60 años de prisión, aunque las víctimas del presunto secuestro hayan cam­biado sus declaraciones.

El reality judicial de Calderón presume la eficacia de su titular de Seguridad Pública, el único de los funcio­narios de su gobierno que ha permanecido en el cargo, sin haber sido objeto de una mínima sanción o rega­ño público. Aunque el caso Cassez se haya originado en el ocaso del sexenio foxista, en diciembre de 2005 —curiosamente, el mismo mes en que la Cámara de Diputados aprobaba fast track la Ley Televisa—, Cal­derón se ha envuelto en la bandera del expediente con el objetivo de defender las “recreaciones indebidas” en éste y otros casos.

El asunto Cassez es apenas la punta de un iceberg que se generalizó en este sexenio, con García Luna al frente de la SSP, que tomó el control de la pantalla y de la realidad. Basta hacer una simple enumeración de varios casos que merecen un análisis más detallado: las detenciones de “grandes capos” como Edgar Valdés, alias “La Barbie”, o la de “El J.J.” tras el montaje-guión en el caso Cabañas; el famoso rescate de los reporteros de Grupo Multimedios y Televisa, capturados en Durango presuntamente por “El Chapo” y que después fue con­denado como un telemontaje, por uno de los reporteros que pidió asilo en Estados Unidos; el famoso operati­vo en la “narcomansión” de las Lomas que después fue considerado como una farsa para la transmisión de los medios de comunicación.

Y es que la otra ecuación de los reality judiciales es la complicidad con Televisa y Tv Azteca, las dos televi­soras que se sumaron a la campaña de promoción de la guerra “exitosa” de Felipe Calderón en contra de los criminales. A cambio, el duopolio televisivo ha recibido todos los favores de la Presidencia de la República, al grado de ser considerado éste el sexenio de Televisa.

En su carta pública del 20 de marzo de 2012, Simón Charaf, dueño del “Bar-Bar” puso el dedo en la llaga tras el discurso de Calderón en Veracruz:

“Es responsabilidad de todos los mexicanos apoyarlo en cada acción donde se involucre el clamor de justi­cia que tanto se ve afectado en la sociedad, cuando por montajes perfectamente orquestados, la impartición de la misma se obstruye; tal como sucede en varios casos, incluidos el nuestro, el caso Cabañas, donde por un mon­taje de Televisa, con videos editados y manipulados, un hombre inocente fue a la cárcel. ¿Hasta cuándo las au­toridades pondrán un alto a esta empresa que tanto ha afectado al país con sus abusos y montajes?

“Señor presidente, los montajes de Televisa, son cada vez más burdos y aberrantes; cuando estos son desen­mascarados, quien queda en evidencia no solamente es la televisora y la impunidad con que se maneja, tam­bién queda en evidencia la inacción de las autoridades  al permitir todo lo anterior; y ya en un grado mayor, estos montajes llevan al país a enfrentar crisis diplomá­ticas innecesarias”.

El falso debate

En contraste, muchos usuarios de redes sociales, co­lumnistas y comentaristas se polarizaron en un falso debate: ¿liberar a Cassez significaría menospreciar a las víctimas; por qué el “formalismo” excesivo si la ciuda­dana francesa es una secuestradora; acaso no se pide la eficacia de los cuerpos policíacos?

Un insoportable ánimo justiciero y vindicativo rodeó a los promotores de la “cárcel a Cassez”, como si no formaran parte, ellos mismos, de un reality judicial.

La señora Isabel Miranda de Wallace, en clara sinto­nía con el discurso presidencial de Felipe Calderón, lo­gró colocar este sofisma. Más de la mitad de los usuarios de Twitter que opinaron en torno al caso Cassez cayeron en este falso debate condenándola.

Miranda de Wallace, presunta candidata del PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, abandonó su labor proselitista y, en franca violación a la ley electoral, se dedicó a organizar conferencias entre juristas espe­cializados para presionar a los ministros; ‘pastoreó’ a dos de las tres presuntas víctimas de Cassez; se convir­tió en vocera oficiosa de García Luna y de Televisa, con intención de insistir en la culpabilidad de la francesa.

El día de la deliberación de la Primera Sala de la Su­prema Corte de Justicia, frente a una nube de reporte­ros, Miranda de Wallace sentenció:

“No podemos permitir que los derechos de las víc­timas estén por debajo de los acusados. Hoy quedó de manifiesto que México gana, ganamos las víctimas y es­peramos el siguiente proceso”.

Lo que no logró Miranda de Wallace fue salir inmune de este falso debate. Los representantes de otras orga­nizaciones defensoras de víctimas criticaron el sofisma. Eduardo Gallo, ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, hizo una crítica muy clara y contundente en contra de los montajes televisivos. María Elena More­ra, directora de Causa Común, insistió que la voz de las víctimas debe ir siempre acompañada de pruebas.

“La voz de las víctimas es muy importante, pero tie­ne que estar siempre acompañada de testimonios y pruebas. La voz por sí misma no puede valer”, afirmó Morera.

A las víctimas se les ofende más con invenciones me­diáticas. Éste es el punto que está entre líneas en las dos horas de discusión del 21 de marzo en la Suprema Corte de Justicia.

El jueves 22 de marzo, los tres periódicos de mayor circulación coincidieron en otorgarle al Caso Cassez la nota principal. Reforma sintetizó así: “Condenan mon­taje; queda presa Cassez”. La Jornada informó en sus ocho columnas: “Cassez seguirá tras las rejas. El pro­yecto de Zaldívar no alcanza la mayoría de votos”. Y El Universal enfocó el otro punto: “Dejan abierto el caso Cassez. La ministra Olga Sánchez redactará un nuevo proyecto”.

La columna “Templo Mayor” de Reforma colocó los reflectores en García Luna:

“Como diría la clásica expresión: ¡no se hagan bolas!, quien ayer estaba en el banquillo de los acusados no era Florence Cassez, sino Genaro García Luna, y no salió bien librado.

“Porque lo que se analizó en ningún momento fue si la francesa es o no culpable. Lo que se evaluó fue sila captura se llevó a cabo conforme a la ley o si, paradó­jicamente, las autoridades violaron la ley.

“Y respecto al trabajo realizado por la AFI y su enton­ces director en torno a la aprehensión de la banda de secuestradores ‘Los Zodiaco’, la condena de los minis­tros fue unánime.

“Los cinco integrantes de la Primera Sala de la Supre­ma Corte de Justicia no dejaron lugar a dudas: el show televisivo que llevó a cabo García Luna, para lucirse ante las cámaras, echó a perder el trabajo policíaco.

“Tan es así que ahora buscarán que se repita el juicio contra Cassez, pero dejando de lado los testimonios que se vieron influidos —para mal— debido a la manipula­ción de las autoridades”.

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