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Tercera cadena de TV,necesidad impostergable PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Administrator   
Miércoles 01 de Febrero de 2012 14:08


José Agustín Pineda

 

En el año 2007, Isaac Saba se asoció con Telemundo y Ge­neral Electric a través de su empresa Xtra, para crear el consorcio Palma 23, que se perfilaba como la tercera cadena de televisión abierta en México. A los pocos días de dada a conocer la noticia en los medios, Tv Azteca y Televisa lo intimidaron por medio de sus principales noticiarios, acusándolo de la forma más burda de po­seer un monopolio de dis­tribución de medicamen­tos en nuestro país, por lo que Saba desistió de esa pretensión.

A pesar de este desa-fortunado antecedente, la exigencia social de una tercera cadena televisiva de alcan­ce nacional se ha hecho cada vez más fuerte en los últimos años, tan es así que el 5 de octubre de 2011, el Pleno de la Comisión Federal de Te­lecomunicaciones, Cofetel, instruyó a la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión (USRT) a realizar una con­sulta pública acerca del tema, lo cual generó una amplia participación de personas interesadas de sectores di­versos, con resultados que franca­mente se esperaban, como el hecho de que el 91.2 por ciento de los consul­tados consideran insuficiente la oferta de televisión abierta en México.

Mediante el comunicado de pren­sa no. 37/2011, fechado el 21 de di­ciembre de 2011, la Cofetel informó que el Pleno resolvió divulgar los resultados y documentos asociados a la Consulta Pública en relación con la Licitación de Canales de Tele­visión. En el mismo se destaca que “de los 451 participantes, sólo 9.8 por ciento considera que la oferta de televisión abierta en México es sufi­ciente, mientras que 86.7 por ciento estima que existe mercado publici­tario suficiente para hacer rentable la operación de nuevas empresas, y ante la pregunta de si es pertinente llevar a cabo un proceso licitatorio aún y ante la creciente oferta y pe­netración de servicios de televisión de paga y otros medios de distribu­ción de contenidos, 89.3 por ciento de los participantes respondieron afirmativamente”. Asimismo, infor­ma que del total de participantes, el 86.4 por ciento considera económi­camente viable una cadena de tele­visión digital, aunado a que, una vez que se haga el estudio de capacidad espectral, debiera licitarse espec­tro suficiente para dos “cadenas” de televisión.

Ante este panorama, tendríamos que preguntarnos cuáles son las ra­zones por las que es tan importante tener una mayor oferta de canales de televisión abierta y, en caso de que se favorezca esta decisión, habría que precisar qué se requiere para que la convocatoria a la licitación pública asegure, como lo precisa la Constitución en el artículo 134, las mejores condiciones para el Estado mexicano, entendiendo este último principio como el conjunto de prerrogati­vas que busquen la mayor satisfacción para el gobier­no, el territorio que com­prende nuestro país y la población en su conjunto.

 

Importancia de la TV en México

 

Los formatos novedosos y determi­nados perfiles comunicacionales están generando nuevos hábitos de consumo de medios. Los llamados TiVo, las tabletas, los reproductores y videograbadores digitales, el video bajo demanda, los teléfonos móviles o la televisión por internet revolucio­nan la forma como el público ve la televisión, no obstante, sigue siendo un privilegio de muy pocas personas y en gran medida, de los jóvenes.

En una investigación realizada por el doctor Raúl Trejo Delarbre, se precisa que 92 de cada 100 hogares mexicanos tienen televisor. Inclusive existen más televisores que apara­tos radiofónicos, que sólo alcanzan al 79.5 de los hogares, de ahí que no es excesivo indicar que la tele­visión acompaña, pero sobre todo, determina actividades, preferencias y expectativas de los mexicanos; además asume el rol de educadora y formadora de las conciencias de la población.

A lo anterior se añade la discrecio­nalidad de la autoridad para admi­nistrar el espectro radioeléctrico, que nos permite entender la alta concen­tración en la que se encuentra dis­tribuido el universo de medios elec­trónicos en nuestro país, pues el 82 por ciento de las frecuencias de radio y televisión son conce­siones otorgadas para el uso privado comercial, y el 18 por ciento son permisos para la trans­misión de programación cultural, educativa y de orientación social. Esta aparente multiplicidad de frecuencias no refleja necesaria­mente una oferta diversa y plural, pues su tendencia a la concentra­ción se agudiza, especialmente en la TV donde dos empresas Televisa y Tv Azteca concentran el 95 por cien­to de todas las concesiones de tele­visión abierta en México. En el país hay 461 concesiones y 272 permisos; de las 461 concesiones, 257 las opera Televisa, es decir, el 55.70 por ciento; Tv Azteca 39 por ciento, es decir, 180. De esta manera quedan sólo 24 con­cesiones de 461 totales, mismas que manejan otros operadores.1

Los instrumentos regulatorios que posee el Estado son de diversa índole, directos, como el control de precios, reglamentos técnicos, licitaciones, sanciones a prácticas anticompetiti­vas; o indirectos como los subsidios e impuestos. Destacados estudiosos de la economía, como Jorge Witker, de­tallan las circunstancias en las que el Estado debe intervenir en el mercado a través de la regulación: “Los únicos motivos para imponer regulaciones son corregir las llamadas fallas del mercado (actividades positivas pero que funcionan mal), restringir o pro­hibir actividades negativas, controlar resultados no esperados en activida­des no indispensables o cuando la competencia está en riesgo de des­aparecer o existe pero funciona mal, o cuando hay competencia pero otras políticas (comerciales, tratamiento de inversiones extranjeras, entre otras) la distorsionan”.2

Este nivel de concentración ha pro­vocado que los medios logren influir en el quehacer estatal, no siempre en beneficio del bien común y de la li­bertad de expresión sino en su propio interés económico y conforme a pro­cedimientos lejanos de la libertad de información de los usuarios.

 

Licitación de canales de TV

 

En un Estado democrático ningún poder puede ser ilimitado, la autono­mía de los poderes no les exime de la obligatoriedad en su ejercicio, y de­ben estar sujetos a normas y reglas claras. No podemos pretender cons­truir un ejercicio democrático en el campo de las comunicaciones y en el manejo de la información, parti­cularmente si coincidimos en el po­der que la información adquiere en nuestros días y en el mismo ejercicio ciudadano de expresión de sus opi­niones, si éstas están siendo cons­truidas por el ejercicio ilimitado de unos medios que no quieren para sí lo que exigen para los demás: leyes, rendición de cuentas, transparencia, pluralidad y respeto.

Tratándose de una licitación pú­blica para explotar un bien de la nación, si bien no existen premisas específicas que señalen el mecanis­mo para este procedimiento, basta recordar que, bajo una interpreta­ción coherente de nuestro sistema jurídico, deben resguar­darse los principios de legalidad a que se refie­re el artículo 134 párra­fo tercero de la Consti­tución, en relación con lo dispuesto por los ar­tículos 27 párrafo sexto y 28 párrafo décimo de la señalada Carta Magna, a fin de evitar fenómenos de concentra­ción en la explotación, uso y apro­vechamiento de bienes de dominio de la Federación y de esta manera favorecer la existencia de un mayor número de operadores.

En una licitación de esta natura­leza participan diferentes instancias del gobierno federal; en un principio Cofetel que propone el programa de licitaciones, la SCT que lo aprueba y publica. Posteriormente la Cofe­tel elabora las bases, convoca y las entrega; se integran las solicitudes, conduce la mayor parte del proceso con la participación de dos entidades ajenas a la SCT: la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que tiene que emitir una opinión respecto de si esas bases son o no competitivas, si favorece o no la competencia, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene que fijar cuál es la contraprestación mínima que debe recibir el Estado para garantizar su interés económico. Y finalmente, la SCT que culmina el proceso con la entrega de los títulos.

Para el diseño de esta posible licitación, deben realizarse algunos análisis preliminares con el fin de tener certeza respecto de las condiciones del mercado, con la intención de definir adónde quiere llegarse con ésta y cuáles serán las características y los incentivos propios de la misma. Es debido a lo anterior que los servidores públicos de las instancias gubernamentales precitadas, en virtud de la naturaleza de las funciones que tienen asignadas, tienen la obligación de cumplir una serie de disposiciones, tanto constitucionales como lega-les, por medio de las cuales actúan a título de garantes, en el caso concreto, a efecto de asegurar que un bien nacional de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la Federación se concesione bajo los principios de legalidad que señalan los artículos 134 párrafo tercero, 27 párrafo sexto y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al elaborar las bases de licitación, la Cofetel tendrá que establecer una regla específica respecto al límite máximo de acumulación de espec­tro para prevenir concentraciones de espectro radioeléctrico contra­rias al interés público —no sólo por lo que a concesiones de televisión correspondería—, como en la prác­tica acontece bajo el fenómeno co­nocido como “propiedad cruzada de medios”, con la mirada puesta en defender el interés público, la fun­ción social prevista en el artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Te­levisión, promover la diversidad de puntos de vista, el contenido local, la producción independiente y la competencia.

Si esta regla no se precisa, se pro­vocaría un efecto anticompetitivo, pavimentando el camino para que alguna empresa, como las mencio­nadas con antelación se adjudica­ra uno de los canales sin ninguna competencia en la subasta ascen­dente que podría suponerse se daría en este proceso.

El pasado 18 de enero se tenía pro­gramado que el Pleno de la Cofetel emitiera el programa de licitaciones para nuevas concesiones de televi­sión abierta, sin embargo, esta de­cisión nuevamente fue diferida, por lo que debemos estar a la espera de que acontezca en los próximos días.

Considero que antes de tomar esta decisión, la Cofetel tendrá que esta­blecer algunas reglas respecto del llamado “apagón analógico” previsto para 2015, ya que el espectro radio­eléctrico disponible en el país de ma­nera clara puede soportar la emisión de hasta dos cadenas nacionales de televisión abierta digital.

 

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1 Corral Jurado, Javier. Ponencia en la Clausura del Encuentro Nacional sobre la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación. Ciudad de México, 2011.

2 Witker, Jorge, Derecho de la competencia económica en México, Instituto de Investiga­ciones Jurídicas, UNAM. México. 2003. p. 28.

Última actualización el Martes 11 de Diciembre de 2012 18:59
 
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