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Propuso ombudsman nacional transitar a un presupuesto público que tenga como eje la dignidad de las personas, para el ejercicio pleno de derechos humanos de más sectores poblacionales

CNDH

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017. El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, propuso replantear procesos organizacionales y estructuras jurídicas para responder de mejor manera a las necesidades actuales del país, así como transitar a un presupuesto público que tenga como eje de su diseño, ejecución y revisión la dignidad de la persona, bajo un esquema de buena gobernanza que impida la evasión de impuestos, la corrupción y el desvío de recursos, para obtener un techo presupuestario más elevado que permita ampliar la cobertura de todos los derechos en favor de un mayor número de sectores poblacionales.

Destacó la importancia de realizar una revisión sobre el aprovechamiento y distribución de los recursos públicos, a partir de la perspectiva de derechos, de género, con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y con carácter preventivo.

Se pronunció, también, por fijar primero el monto de los recursos que se necesitan para hacer efectivo cada derecho y no como tradicionalmente se hace, a partir de un tope presupuestal, asignar “lo que se pueda, o lo que quede”, después de definir el ingreso y la capacidad de endeudamiento. Esto conlleva a veces a restricciones injustas e inequitativas, y de ninguna manera cumple las exigencias de un enfoque basado en derechos, apuntó.

Tras subrayar la apremiante necesidad de que los Estados Nacionales realicen mayor y mejor inversión en infancia y adolescencia, demandó que se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ya que tal inversión, además de ser obligatoria para los gobiernos, es una estrategia eficaz para el desarrollo humano.

“En la medida que los mecanismos de recaudación y distribución sean óptimos, equitativos, eficientes y efectivos; se privilegie a los sectores donde hay mayores carencias; a los grupos indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, tendremos una mayor y mejor inversión en el desarrollo humano”, aseguró.

Al participar en el "II Seminario: Invertir en la infancia y adolescencia frente a los desafíos de los paraísos fiscales, la corrupción y el subejercicio fiscal", expresó que una buena gobernabilidad requiere, además de transparencia y rendición de cuentas, de la participación de los gobernados para incidir en el cuánto, cómo, en qué y para qué se gastan los recursos públicos.

Calificó como inconcebible que los recursos públicos no se destinen a su legítimo propósito y que esas conductas permanezcan en la impunidad, mientras subsisten carencias y necesidades que afectan a poblaciones relevantes y vulnerables, como niñez y adolescencia. Expresó que corrupción e impunidad no son exclusivos de México, pero eso no implica que deban tolerarse o asumirse como parte de nuestra normalidad cotidiana.

Enfatizó que, además de voluntad política para superar los problemas, se requiere que líderes nacionales e internacionales, consorcios o despachos especializados, con responsabilidad y sentido ético, dejen de utilizar los paraísos fiscales para evadir impuestos e identifiquen los objetivos de desarrollo sostenible en que pueden apoyar la labor de los gobiernos para financiar proyectos que coadyuven en el respeto, promoción, estudio y observancia de los derechos humanos.

“Las contribuciones que no se cubren –dijo—, privan a los Estados de recursos que se erogarían en beneficio de la sociedad, que contribuirían a hacer vigentes los derechos de todas las personas”.

Al compartir el presídium con Nashielly Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA); Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Esmeralda Arosemena, Relatora de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Cristian Skoog, Representante de la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, González Pérez demandó a la Secretaría de Gobernación concretar a la brevedad la tercera reunión del SIPINNA, ya que de nada sirve contar con amplio reconocimiento de los derechos humanos en el sistema jurídico si no se hace vigente en la realidad lo que disponen las normas.

El Ombudsman nacional se pronunció en favor de apostar por una cultura de la legalidad que elimine las prácticas que corroen la moral social y debilitan nuestras instituciones y vida democrática, además de fomentar mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social, transparencia y rendición de cuentas sustentada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos.

  Clic para reproducir, clic en texto para pausar Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017. El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, propuso replantear procesos organizacionales y estructuras jurídicas para responder de mejor manera a las necesidades actuales del país, así como transitar a un presupuesto público que tenga como eje de su diseño, ejecución y revisión la dignidad de la persona, bajo un esquema de buena gobernanza que impida la evasión de impuestos, la corrupción y el desvío de recursos, para obtener un techo presupuestario más elevado que permita ampliar la cobertura de todos los derechos en favor de un mayor número de sectores poblacionales. Destacó la importancia de realizar una revisión sobre el aprovechamiento y distribución de los recursos públicos, a partir de la perspectiva de derechos, de género, con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, y con carácter preventivo. Se pronunció, también, por fijar primero el monto de los recursos que se necesitan para hacer efectivo cada derecho y no como tradicionalmente se hace, a partir de un tope presupuestal, asignar “lo que se pueda, o lo que quede”, después de definir el ingreso y la capacidad de endeudamiento. Esto conlleva a veces a restricciones injustas e inequitativas, y de ninguna manera cumple las exigencias de un enfoque basado en derechos, apuntó. Tras subrayar la apremiante necesidad de que los Estados Nacionales realicen mayor y mejor inversión en infancia y adolescencia, demandó que se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ya que tal inversión, además de ser obligatoria para los gobiernos, es una estrategia eficaz para el desarrollo humano. “En la medida que los mecanismos de recaudación y distribución sean óptimos, equitativos, eficientes y efectivos; se privilegie a los sectores donde hay mayores carencias; a los grupos indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, tendremos una mayor y mejor inversión en el desarrollo humano”, aseguró. Al participar en el II Seminario: Invertir en la infancia y adolescencia frente a los desafíos de los paraísos fiscales, la corrupción y el subejercicio fiscal, expresó que una buena gobernabilidad requiere, además de transparencia y rendición de cuentas, de la participación de los gobernados para incidir en el cuánto, cómo, en qué y para qué se gastan los recursos públicos. Calificó como inconcebible que los recursos públicos no se destinen a su legítimo propósito y que esas conductas permanezcan en la impunidad, mientras subsisten carencias y necesidades que afectan a poblaciones relevantes y vulnerables, como niñez y adolescencia. Expresó que corrupción e impunidad no son exclusivos de México, pero eso no implica que deban tolerarse o asumirse como parte de nuestra normalidad cotidiana. Enfatizó que, además de voluntad política para superar los problemas, se requiere que líderes nacionales e internacionales, consorcios o despachos especializados, con responsabilidad y sentido ético, dejen de utilizar los paraísos fiscales para evadir impuestos e identifiquen los objetivos de desarrollo sostenible en que pueden apoyar la labor de los gobiernos para financiar proyectos que coadyuven en el respeto, promoción, estudio y observancia de los derechos humanos. “Las contribuciones que no se cubren –dijo—, privan a los Estados de recursos que se erogarían en beneficio de la sociedad, que contribuirían a hacer vigentes los derechos de todas las personas”. Al compartir el presídium con Nashielly Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA); Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Esmeralda Arosemena, Relatora de Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Cristian Skoog, Representante de la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, González Pérez demandó a la Secretaría de Gobernación concretar a la brevedad la tercera reunión del SIPINNA, ya que de nada sirve contar con amplio reconocimiento de los derechos humanos en el sistema jurídico si no se hace vigente en la realidad lo que disponen las normas. El Ombudsman nacional se pronunció en favor de apostar por una cultura de la legalidad que elimine las prácticas que corroen la moral social y debilitan nuestras instituciones y vida democrática, además de fomentar mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social, transparencia y rendición de cuentas sustentada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos. Reproduce la nota

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